A inicios de julio del 2007 la Procuraduría solicitó a los peticionarios de medidas cautelares que elaboren un plan de implementación de estas medidas. Ante este pedido se contactó con distintos miembros de la sociedad civil entre los que se hallan varios waorani. Resultado de esto es el plan que se halla a continuación y que se desarrolló en cooperación con distintas personas y organizaciones que se mencionan en el texto. Natalia Bonilla de Acción Ecológica hizo una contribución muy importante al prestarse voluntariamente para recopilar una serie de comentarios que sirvieron para el texto final que se halla a continuación.
23 de julio del 2007
1. El 10 de mayo del 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los pueblos Taromenani y Tagaeri (proceso de medidas cautelares número MC-91-06). Esto se hizo de manera casi inmediata a una petición para que se declare la violación de los derechos de estos pueblos indígenas y se otorguen medidas cautelares con el fin de protegerlos. Hasta el momento existen indicios de que desde esa fecha se han producido 4 muertes violentas. Tres personas asesinadas serían taromenani y una tagaeri. Así también existe evidencia abrumadora de que la tala ilegal –considerada hasta el momento el peligro más grande para los taromenani- persiste dentro de su territorio sin ninguna intervención planificada y eficaz del Estado Ecuatoriano. Por esta razón además se han solicitado a la CIDH medidas provisionales.
2. Otros elementos como la posibilidad de un peligroso intento de contacto en el Perú –motivado por intereses petroleros- en el cuál estaría involucrada la empresa Barret, las actividades de Andes Petroleum y Repsol YPF al sur del río Tiputini, los intentos de Petrobrás por ingresar al Bloque 31 y la posibilidad de que se explote el Bloque ITT constituyen riesgos adicionales para los taromenani, tagaeri y otros pueblos ocultos que habitan en el área.
3. Aunque en enero del 2007 se concluyó un proceso de limitación del área denominada “Zona Intangible”(ZI) –lo que constituye en la práctica el único proceso que el Estado ha llevado adelante en respuesta a la CIDH- persisten diferentes riesgos por varias razones: 1. La ZI no comprende todo el territorio de los pueblos Taromenani y Tagaeri. Ellos habitan dentro y fuera de la ZI hacia el norte y oriente de ésta y quizá incluso hacia el occidente 2. Persisten riesgos de enfrentamientos violentos ya que no se ha implementado ningún mecanismo de control de ingreso a la ZI mucho menos de erradicación de la tala ilegal 3. Los habitantes del área, especialmente los Waorani, no conocen o conocen muy poco sobre mecanismos apropiados de manejo de riesgos (violencia y transmisión de enfermedades). 4. No existe un plan de contingencias ni financiamiento para ninguna actividad que implique protección para los taromenani o tagaeri. 5. Existen riesgos en el Perú que no están siendo considerados y ante los cuáles es necesaria una acción a nivel internacional. 6. No existen políticas de seguimiento a los programas que se han implementado para los Waorani 7. La industria petrolera no se halla en condiciones de manejar situaciones de riesgo ni ha implementado planes apropiados para la realidad (como, por ejemplo, considerar la política nacional propuesta por el Presidente Correa y diseñada por el Ministro de Energía sobre intangibilidad del territorio de estos pueblos). 8. El Ministerio de Ambiente, cuya ministra es, supuestamente, coordinadora del proceso de implementación de la política para los pueblos en aislamiento no parece interesada y/o capacitada para llevar adelante el proceso.
4. Por pedido hecho por el Doctor Eric Roberts, a nombre de la Procuraduría, el lunes 9 de mayo del 2007, se presenta a continuación un plan para implementación de las medidas cautelares. Las propuestas que se hallan a continuación se han discutido con diferentes miembros de la sociedad civil a quienes se recomienda contactar de manera permanente con el fin de corregir deficiencias y buscar soluciones a problemas que se puedan presentar: Juan Guevara (Finding Species), Fernando Ponce (Ciudadanos por la Democracia), Matt Finer (Save America´s Forests), Verónica Quitiguiña (Finding Species), Jaro Fernando Vaca (Jungle Tours/Ecolodge Shiripuno), Eugenia Nieto (Jungle Tours), Nathalia Bonilla (Acción Ecológica), Milagros Aguirre (periodista independiente), José Proaño (Acción Ecológica), Raúl Moscoso (Ciudadanos por la Democracia), Patricio Asimbaya (Finding Species), Alonso Jaramillo (Ministerio de Ambiente), Juan Martínez (Ministro Coordinador), Sebastián Albuja (independiente), David Ahua (Presidente de la NAWE), Huane Manuel Cahuiya (Presidente de la comunidad de Ñoneno), Miipo Mario Cahuiya (vicepresidente de la comunidad de Ñoneno), Moi Enomenga (líder de la comunidad de Quehueriono), Luis Ahua (miembro de la NAWE), Alicia Cahuiya (hija de Huane Cahuiya).
5. Este plan no necesariamente implica consenso absoluto entre todas las personas mencionadas. Tampoco significa que las bases representadas por algunas de estas personas hayan sido consultadas. Sin embargo sí se ha intentado que refleje en la mejor medida los puntos de vista de aquellos mencionados en el párrafo anterior y debe considerarse susceptible de cambio y modificación según los planteamientos que hagan (estas y otras personas) y se considere razonable tomar en cuenta con el fin de proteger a los pueblos Tagaeri y Taromenani. Más aún, se intenta que este documento sirva como una guía para que el gobierno nacional consulte en su conjunto o por separado (según manden las circunstancias) con los distintos involucrados en el tema de la tala ilegal y para que se implemente un control de ésta y otros riesgos que enfrentan los taromenani y los tagaeri.
6. Existen también otras personas que pensamos deben ser considerados en el proceso de implementación de este plan: Las comunidades y líderes de Ñoneno, Pindo, Tigüino (con sus líderes Ike y Babe), Boamano (con su líder Otovo) y Bameno (con su líder Penti), y otros líderes de la NAWE y AMWAE (por ejemplo su presidenta Manuela Ima), representantes de la CONAIE (por ejemplo Efrén Calapucha), y otros miembros de la sociedad como los padres capuchinos con su misión en Coca, WCS, Ecociencia (especialmente Eduardo Pichilingue), Paulina Palacios, Alfredo Cuesta, Carl Ross (de Save America´s Forests), Friedman Koestner (PUCE), David Romo (USFQ), Brian Keane (de Land is Life), Lourdes Tibán (CODENPE), entre otras personas que consideramos se hallan interesadas en el tema o tienen conocimientos y/o capacidades especiales para contribuir efectivamente a una solución. Si existen personas involucradas en el tema cuyo nombre no se halla en esta lista recomendamos incluirlas conforme la necesidad y se exprese el interés. Se están realizando gestiones para progresar en los contacto con distintas comunidades, así que es importante que la Procuraduría actúe con esto de manera coordinada con los peticionarios.
7. A continuación se describen la situación y el plan que hasta el momento se ha podido preparar. Dentro de esta propuesta de solución integral se incluyen las opiniones de las personas mencionadas en el punto 4.
8. Es necesario que se de una solución emergente a los principales riesgos y otra a largo plazo. En las discusiones posteriores que se den sobre el tema se recomienda incorporar a la NAWE y la CONAIE.
9. El espacio o territorio realmente ocupado por los pueblos aislados (PA) también llamados pueblos ocultos (PO), pueblos sin contacto, pueblos en aislamiento voluntario (PAV) o pueblos indígenas en aislamiento voluntaria (PIAV) debe ser considerado cuidadosamente. Hay que pensar en la movilidad real de los PA y las medidas de protección para éstos deben ir mucho más allá de la Zona Intangible limitada en enero del 2007. Es vital considerar la situación en los bloques petroleros 31, 18, 17, 16 e ITT (o 43). Los PA se movilizan en el área entre los ríos Tiputini y Curaray y el Perú. Por lo tanto se debe monitorear la solución, identificar problemas y diseñar soluciones para toda esta región. Se sugiere por ello que la Zona Intangible se extienda hasta el río Tiputini. Por supuesto en todo este proceso es importante respetar también los derechos y necesidades de distintas comunidades waorani que también habitan el territorio.
10. El plan integral que se propone aquí muy probablemente tendrá impactos o riesgos culturales (como la creación de dependencia económica, mal manejo de dinero, creación de nuevas necesidades que llevarían a la explotación de recursos naturales…). Es necesario tomar en cuenta este hecho para tomar medidas que minimicen este impacto y evitar que se repitan situaciones observadas con el Protectorado primero y la industria petrolera más tarde.
11. El financiamiento de un plan de control de riesgos para los taromenani, tagaeri y otros pueblos en condiciones similares de aislamiento requiere fondos garantizados más allá del gobierno actual. Una propuesta que se ha hecho es la intervención del FAN con el manejo de un fideicomiso. Sin embargo tal idea la critican diferentes personas. En este contexto no parece apropiada una comisión independiente para el manejo de fondos. Los fondos deben venir del Estado para implementar medidas y proyectos concretos. Quizá un mecanismo apropiado es aquel diseñado para el manejo de los fondos que se recolectarán de la compra de petróleo represado en el Bloque ITT o que directamente se use una fracción de esos fondos para los PA. Es vital en todo caso, que el flujo de financiamiento para este proceso no se halle en riesgo por cambios de gobierno o situaciones de limitaciones en el prepuesto debidas a crisis económicas u otras circunstancias y que se actúe inmediatamente para establecer un mecanismo de financiamiento.
12. Es importante que se creen mecanismos de penalización no solo para quienes ingresan al territorio de los taromenani y tagaeri y ponen en peligro sus vidas. Es necesario un proceso de castigo contra las autoridades que incumplan con la implementación de medidas de protección. En esto una reglamentación apropiada debe ser preparada y modificada con flexibilidad y agilidad según lo dicten las circunstancias. Igualmente es importante que se divulgue el conocimiento sobre los tagaeri y los taromenani. Así, por ejemplo, es necesario que sobre esto se trate con las comunidades quichuas del Curaray.
13. Para los mecanismos de control formal, la transferencia de competencias podría permitir la utilización de funcionarios del municipio y consejo provincial en los puntos de control. También la policía ambiental, se ha sugerido, podría participar en el proceso. Otra entidad que debería ser tomada en cuenta es el Ministerio de Turismo. También es necesario el involucramiento de miembros de la sociedad civil. Quizá un mecanismo apropiado es una Comisión Veedora y/o un sistema de vigilancia con voluntarios que vengan de una ONG.
14. Es necesario además que el Ministerio del Ambiente prohíba totalmente la comercialización de cedro y caoba por 20 años. En este contexto será importante un inventario de las plantaciones de cedro y caoba (que posiblemente servirá para confirmar que no existen bosques donde estas especies se siembran). También dentro del proceso de crear el marco legal apropiado, podría servir promover que el cedro pase al apéndice II de CITES.
PROBLEMA DE TALA Y TRÁFICO ILEGAL DE CEDRO, CAOBA Y OTRAS ESPECIES POSIBLES.
Medidas urgentes
15. Este es el problema que requiere una solución más urgente y las medidas más inmediatas que consideramos necesarias son el establecimiento de puestos de control en la Vía Auca junto con la creación de trabajos alternativos como guarda parques para waos involucrados en la tala ilegal y otros waos también interesados en trabajar como guarda parques. Al mismo tiempo se deberá anunciar un plan integral de generación de empleos para los waos (que se describe más adelante). Los puestos de control en la Vía Auca deberán utilizar miembros de la Policía Ambiental o militares. En general la idea de involucrar a la Policía Ambiental es la que mayor aceptación tuvo. Para ello el Ministro Juan Martínez sugirió que se realicen contactos con la Coronela Carranza. Los waos por otra parte tendrán sus puestos de trabajo en sus comunidades, alejados de la Vía Auca y sin contacto con militares o policías. Aunque sí se establecerán mecanismos de coordinación. Es importante tener muy claro que el control de la tala ilegal debe hacerse sin militarización del área y con un cuidado especial para evitar conflictos entre la fuerza pública y comunidades waorani u otros grupos de personas. Sí se hacen necesarios arrestos éstos se deberán hacer con especial cuidado del cumplimiento del debido procesos. Además se sugiere la participación, en tales casos, de observadores de grupos de derechos humanos.
16. Los puestos en la Vía Auca deberán ir en los siguientes lugares: 1. Junto al puente sobre el río Napo2. En la Y de la vía a Tigüino3. Junto al puente que pasa sobre el río Tiputini en Pindo4. Junto al puente sobre el río Shiripuno 5. Tigüino. 17. Además se deberá dar atención permanente a la situación con el fin de detectar nuevas vías de escape de la madera y realizar cambios en los procedimientos. Para definir el lugar exacto y mecanismos de funcionamiento será necesario que se hagan uno o más viajes al lugar con expertos, miembros de la sociedad civil y los peticionarios.
18. Se sugiere además colocar puestos de vigilancia y control en: Nuevo Rocafuerte,
19. El control junto al río Napo se sugiere establecerlo el 2 de agosto. No nos parece necesario ningún tipo de negociación para establecerlo en este lugar. Sin embargo se deberá estar atento ante quejas que se puedan presentar. En este puesto se deberá controlar cuidadosamente el paso de todo camión con madera. Aquí miembros de la fuerza pública (militares o policías ambientales) serán guiados por personal del Parque Yasuní para aprender a distinguir la madera de cedro y caoba. Siempre que esta madera se halle siendo transportada en el área será decomisada y destruida inmediatamente con motosierras (se harán pedazos de 30 cm de largo que se apilarán en un lugar cercano, vigilado donde se dejará que el material sea descompuesto y retorne a la naturaleza).
20. En ningún caso se deberá tolerar el traslado de madera de caoba o cedro. O sea, siempre que esta madera sea detectada lo más apropiado parece ser su destrucción inmediata aún si quien la transporta muestra papeles con autorizaciones.
21. Para otros tipos de madera deberá existir un mecanismo expedito de entrega de guías/permisos que sólo los daría el Ministerio de Ambiente luego de inspecciones en lugares donde se pretenda hacer la tala (que sólo podrán ser fincas fuera del Parque Nacional Yasuní o la Zona Intangible). El Ministerio para ello dispondrá del personal necesario y mecanismos de movilización para realizar inspecciones en menos de 24 horas de solicitadas y proveer guías inmediatamente después de hecha la inspección. Con el fin de evitar actos de corrupción, los miembros de la fuerza pública en ningún caso deberían proveer algún tipo de autorización para circulación de madera. Es necesario un proceso ágil con el fin de evitar incentivos para el conflicto, la extorsión y el soborno.
22. Sobre esto la consulta permanente con el Sr. Alonso Jaramillo (MAE) es necesaria para modificar procedimientos con la intervención de los peticionarios u otros delegados de la sociedad civil. Se sugiere buscar apoyo del Proyecto Bosques (Jon Arruti) con el fin de obtener consejos para elaborar un sistema eficiente de licencias y permisos de explotación forestal (fuera del Parque Yasuní y la Zona Intangible) y en general para mejorar el diseño del proceso.También se considera valioso que se recoja la experiencia de los guarda parques del Parque Yasuní y contar con su participación y personal de soporte.
23. Es importante que se designe inmediatamente una autoridad estatal que de seguimiento al caso, con la participación de la sociedad civil. Esta autoridad estará a cargo de recibir información sobre avistamientos, encuentros de personas de PA con miembros de compañías petroleras, madereros, turistas, otros pueblos indígenas, entrada de madereros u otros hechos violentos vinculados. Además deberá controlar que los operativos de control estén funcionando, identificar procesos que deben ser modificados, controlar que los guarda parques waos estén recibiendo su remuneración y evaluar el impacto de otras actividades orientas a generar ingresos alternativos.
24. El control junto al río Napo deberá contar en tres meses con un local donde los vehículos puedan detenerse para inspección sin estorbar en la Vía Auca mientras son revisados. Este puesto incluirá cámaras de video en el lugar de inspección, sobre la Vía y en el depósito de madera cortada. Se sugiere construir un hangar grande, donde se revise cada camión, se registre la placa y la guía de circulación y que el MAE entregue un informe mensual de las guías que se han emitido y se comparen las guías. Todo vehículo con madera deberá pasar a inspección en este puesto de control. El resto de vehículos deberán detenerse unos pocos segundos para que el personal apropiado determine si es necesaria una inspección más exhaustiva.
25. Junto con el establecimiento de este puesto una ordenanza (del Municipio de Puerto Francisco de Orellana) que: 1. Prohíba la circulación de madera por la noche (una ordenanza donde se prohíba la circulación de madera de 6:00 pm a 6:00 am.) 2. Ordene la circulación de madera destapada durante el día se considera una medida apropiada para reforzar el control. Además se recomienda implementarla al mismo tiempo que se ponga a funcionar el puesto de control junto al río Napo el 2 de agosto.
26. El control en la Y de la vía a Tigüino, a pocos kilómetros del puente sobre el Coca, también se establecerá el 2 de agosto y funcionará de manera similar a aquel junto al río Napo. Aquí a los vehículos sospechosos se les ordenará avanzar hasta el local junto al río Napo para una inspección más minuciosa. Aquellos con madera de cedro o caoba serán escoltados para garantizar que la madera decomisada llega a la zona del Napo donde deberá ser destruida de inmediato. Una cámara de video para controlar si la madera se está desviando hacia el occidente (en lugar de avanzar hacia el puente al norte) se debe considerar. Es necesario establecer este control porque podría constituirse en una vía de escape por el río Napo hacia el occidente de la Vía Auca.
27. Los controles en Pindo y Shiripuno también incluirán personal preparado para identificar la madera, controlar guías y destruir la madera de cedro y caoba o cualquier otra madera que salga de los ríos Tiputini o Shiripuno. Estos puestos se colocarán el 1ero de septiembre. Para ello como condición previa se deberá negociar con las comunidades waorani de Pindo y Ñoneno sobre procedimientos que incluirán la creación de puestos de guarda parques simultánea (el 1ero de septiembre se pagarán también los primeros sueldos). El puesto junto al río Shiripuno deberá hacer un control de la situación tres veces al día (8:00 am, 12:00 pm, 4:00 pm) en otros ingreso junto al Shiripuno que se halla a corta distancia hacia el norte en la estación Cononaco de Petroecuador y se demoniza Pozo 8.
28. En la zona del río Shiripuno ya existe un control donde Huane Cahuiya cobra $20 a cada turista para que pueda circular hacia un complejo turístico en la zona. En este lugar será necesario establecer controles para el ingreso de motosierras, mulas, armas y barcas. Aquí se haría un registro de todas las personas interesadas en circular por la zona que podría estar a cargo del Ministerio de Turismo. Cerca de Ñoneno se halla una operadora turística con la que además se coordinará para mantener un flujo constante de información sobre la situación
29. La negociación con los líderes de Pindo, Ñoneno, Tigüino, Boamano y Bameno posiblemente se hará en una Asamblea General en Coca entre el 5 y 7 de agosto del 2007 con estas cinco comunidades waorani, representantes de la NAWE y representantes de otras comunidades. Todo proceso previo de conversación es útil para facilitar el trabajo final en la Asamblea. En esto podrán colaborar miembros de la sociedad civil que estarán dispuestos a trabajar en coordinación con la Procuraduría. Abajo se describe en forma detallada una propuesta de lo que se negociará específicamente. Si durante la negociación se presentan nuevos elementos será necesario posponer la negociación de estos para otra ocasión (con fecha definida), si ello implica la posibilidad de riesgos para los taromenani y tagaeri o el desarrollo de relaciones cuestionables (por ejemplo dependencia). Lo que se hará con el fin de permitir a las partes considerar la situación y consultar con diferentes personas sobre qué es lo más apropiado o llevar adelante diálogos informales entre las partes.
30. Para esta Asamblea General es importante tomar en cuenta lo que parece ser una situación de división entre los waos. Quizá un papel clave del Estado aquí sería acercarse directamente a las comunidades mencionadas e invitarles a dicha reunión. Es necesario ser sumamente cuidadosos y dejar muy claro que todos, especialmente estas cinco comunidades (Pindo, Ñoneno, Tigüino/Bataburo, Boamano y Bameno), están siendo invitadas. Adicionalmente se debe contactar con la NAWE, en Puyo, para solicitar que ésta invite a todas las comunidades waorani a la Asamblea.
31. El control en el Pindo también se deberá negociar antes de su implementación. Para el caso de Tigüino se requiere cuidado especial ya que en esta zona los waorani habitan junto a la carretera. Aquí también es necesario un proceso de negociación para determinar dónde es aceptable poner el control. Se ha planteado que un control sobre el río podría ser más efectivo. Sin embargo también se debe considerar la posibilidad de que la cercanía del control a la comunidad waorani facilite la existencia de conflictos. Todas estas negociaciones por supuesto implican la creación de puestos de guardar parques waos (alternativas a los ingresos de la tala ilegal) y un plan integral que se describe más adelante.
32. Cuando se den errores en los procedimientos que afecten a personas inocentes (por ejemplo decomiso y destrucción de madera de “chuncho” que fue obtenida mediante mecanismos legales) el Estado deberá indemnizar a los afectados de manera inmediata.
33. Previo al establecimiento del control en el Shiripuno el 1ero de septiembre los madereros deberán ser informados de la ilegalidad de la situación. Se sugiere advertirles con dos semanas de anticipación que deben salir de la zona. Sin embargo en los puestos de control establecidos el 2 de agosto ya se podría anunciar también que la tala de cedro u otras especies debe detenerse en la zona del Shiripuno, Cononaco y Cuchillacu. Luego el 2 de septiembre se deberá hacer un operativo para sacar del lugar a todo maderero que pueda haber quedado en la zona, destruir la madera que se encuentre en los campamentos madereros, confiscar equipo para tala y perforar embarcaciones que claramente pertenezcan a taladores ilegales y se hallen cerca de la Vía Auca en el río Shiripuno. Este operativo deberá hacerse con la presencia de observadores de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil.
34. Junto con el operativo para detener el tráfico en la vía Auca, vigilar los ingresos y dar trabajos alternativos como guarda parques a waos en las cinco comunidades claves mencionadas en la Procuraduría deberá coordinar con la Fiscalía General de la Nación para que se designe un fiscal especial encargado de investigar y llevar adelante enjuiciamientos. Se sugiere iniciar con el arresto de los patrones madereros que se hallan Coca y luego seguir adelante con un proceso para dar con los cabecillas de la o las operaciones de tráfico ilegal de madera. La situación es sumamente delicada debido a la impunidad permanente con que se explota madera ilegalmente y se asesina. Por esta razón es sumamente importante que se den arrestos, si fuera posible a inicios de agosto junto con el inicio de operaciones del control junto al río Napo y la prohibición de movilización nocturna de madera. Existen varios patrones madereros, entre los que se halla Líder Bazurto, que podrían ser arrestados fácilmente si se dedicaran unas pocas horas a investigar la evidencia disponible en la Fiscalía de Orellana (entre otras fuentes).
35. Para el proceso de pago al nuevo guarda parques waos existen distintas sugerencias. Una es que el Ministerio del Ambiente (la oficina en Coca) se involucre en el proceso, otra que la gobernación se encargue de esta función. La oficina en Coca del Ministerio de Ambiente, en todo caso, debe ser fortalecida en su papel como vigilante del área y se deberán realizar gestiones para que exista una coordinación apropiada con la gobernación, otras oficinas del gobierno y miembros de la sociedad. Así también se deberán proveer los medios necesarios para que tal cosa ocurra con la oficina del MAE en Coca (que la dirige el Señor Alonso Jaramillo). Quizá un mecanismo de mutuo control es que el dinero que se asigne para el control de la tala ilegal salga de la gobernación y que los líderes de la NAWE y el encargado de la oficina en Coca acompañen al funcionario de la gobernación (en un papel vigilante). Para esto quizá se podría asignar un estipendio para que una vez al mes un representante de la NAWE realice este trabajo.
36. En conversaciones con líderes de Ñoneno se nos ha indicado que los mayores deberían recibir $800 mensuales y los menores $500 mensuales por el trabajo como guarda parques. Por ahora Huane Cahuiya tiene un contrato con Save America´s Forests que equivale a $300 con el fin de evitar la tala ilegal. En Ñoneno existen entre 5 y 7 mayores y al menos 14 jóvenes que podrían hallarse interesados en trabajar como guarda parques. Esto representa para Ñoneno un valor aproximado de $11000 mensuales por vigilar dentro de la zona de Ñoneno el paso de madereros ilegales. Es posible que figuras similares se den en las otras comunidades. En este proceso es importante definir las actividades específicas que se necesita hagan los guarda parques. Para ello se sugiere intercambiar ideas con la oficina del MAE en Orellana (el Señor Alonso Jaramillo). Aparentemente los waos tienen gran interés en el ecoturismo. Dentro de un plan de alternativas ésta parece una con mucho potencial especialmente para los más jóvenes. Por lo tanto no se debe pensar sólo en puestos de guarda parques como sistemas de ingresos alternativos. El ecoturismo también tiene potencial como una actividad, que bien regulada, puede evitar la actividad extractiva en la zona e incentivar el control de la tala y caza ilegal.
37. Por ahora se podría tener como primeros guarda parques, en proyectos pilotos, a Penti en Bameno, Otovo en Boanamo, Huane en Ñoneno, Ike, Moene y Babe en Tigüino, Dabo en Toveta, Humberto en Guiyero, Kantapari en Armadillo. Eco-Lodge en Shiripuno podría coordinar el control con Ñoneno. Quizá a esto debe seguir el nombramiento de cuatro guarda parques en cada una de las cinco comunidades conectadas con la Vía Auca y evaluar el impacto de la medida. Es necesario un proceso de control con el fin de evitar que quienes trabajen como guarda parques entren en conflicto con aquellos que quizá quieran seguir beneficiándose de la tala ilegal. Esto debe darse mediante puestos de control efectivos en la vía Auca, vigilancia de las autoridades del Parque, ágil modificación de procesos según la necesidad y diálogo con los miembros de cada comunidad. Eventualmente una medida adicional podría ser la creación de más puestos de guarda parques. Sin embargo más adelante se tratan otras alternativas. Además se debe dialogar con las comunidades con el fin de definir al menos un bosquejo de cronograma.
38. El proceso de control de riesgo para los taromenani debe incluir la prohibición de navegar en los ríos Chuchiyacu y Cononaco chico. La violación de esta normativa debe ser penalizada de manera proporcional a la falta y las sanciones establecidas divulgadas apropiadamente.
39. Se han realizado contactos con dirigentes waos y se ha señalado como fechas tentativas para una Asamblea Waorani los días 5, 6 y 7 de agosto del 2007. Es necesario el apoyo económico del gobierno para la realización de esta Asamblea que se realizaría en Coca (Puerto Francisco de Orellana). Se estima que costará aproximadamente $10000. El día 5 serviría para que lleguen los participantes, el 6 los waos discutirían internamente la situación y el 7 se reunirían con los representantes del gobierno. Uno de los objetivos de esta reunión es llegar a acuerdos específicos con los líderes locales cuyas comunidades se hallan involucradas y/o afectadas por la tala ilegal. Durante esta reunión el plan establecido en este documento sería discutido con los waorani con el fin de llegar a acuerdos muy específicos en la medida de lo posible. Lo que no se logre acordar se podría dejar para otra reunión en una fecha determinada.
40. Es responsabilidad del Estado un proceso de vigilancia permanente. Para ello se sugiere proveer el financiamiento y equipo necesario para que cada 8 semanas personal del MAE (autoridades en Coca) circulen por varios ríos, por una ruta estrictamente predefinida con el fin de evaluar la situación de extracción de la madera. En esta actividad el o los responsables del MAE deberán viajar acompañados de la protección apropiada y al menos un representante de la sociedad civil que podría hacer sugerencias sobre el proceso... Además se podrían establecer tramos específicos donde este grupo de control viaje acompañado de guarda parques waos. En este proceso se evitará entrar en zonas donde se tenga conocimiento o se sospeche se hallan presentes PA. El incumplimiento de esa norma debería ser sancionado con el despido.
41. Los PA también se hallan en peligro en el territorio peruano. Es importante que en forma inmediata se contacte con el gobierno del Perú al más alto nivel con el fin de buscar acuerdos binacionales orientados a la protección de los PA. Revisar los numerales 2 y 3. Si se persiste en contactar con los taromenani en el Perú se corre el peligro de que estas personas sufran infecciones graves y mortales.
42. Además de las cinco comunidades conectadas con la Vía Auca, existen otras donde también se sugiere establecer puestos de control con waorani (que se hallan en otras partes de la reserva): Armadillo, Guiyero, Timpoca, Onetaro, Nenquepare, Miwaguno, o quichuas (Llanchama, cerca de Nuevo Rocafuerte).
43. También la Vía que Petrobrás construyó entre el río Napo y el Tiputini parece estar sirviendo para el tráfico de madera. Un proceso de vigilancia en ésta y el cierre de ésta se deberían considerar. Existen estudios que sugieren que esa vía de 12 km no es necesaria para la explotación petrolera en el Bloque 31. Además, dentro del marco de las medidas cautelares esta actividad no es admisible dentro del Bloque 31 (ya que es territorio de tagaeri y taromenani donde se halla prohibido el ingreso a terceros).
Medidas a mediano plazo
44. Existen medidas que son necesarias y sobre las cuáles es necesario trabajar para mejorar el control de la situación continuamente. Primero será necesario un proceso de capacitación de waorani como guarda parques y sensibilización sobre la situación de los PA. Junto con esto es necesario un plan de implementación de becas y planes de formación para waorani: alfabetización con profesores bilingües o trilingües, formación de promotoras de salud, profesoras, guías de ecoturismo y turismo comunitario, artesanías, comunicación, mecánicos entre otros procesos posibles. Para esto se recomienda trabajar con ONGs que ya mantienen trabajo y proyectos en la zona (IBIS, FEPP, Sinchi Sacha) y buscar mercados internacionales para artesanías (por ejemplo con el apoyo de Save America´s Forests).
45. Un número equivalente a aproximadamente 80 familias, que representan 400 personas podría representar la necesidad de invertir $288 mil por año (si se asume que cada familia recibiría $300) en un sistema de guarda parques o alguna otra alternativa. Una planificación y monitoreos cuidadosos son necesarios con el fin de evitar impactos negativos como la creación de otro sistema de dependencia o la creación –con un flujo inusual de dinero- de incentivos para el alcoholismo, la violencia y propagación de enfermedades.
46. Dentro del Parque existen 12 comunidades que deberían ser involucradas en estos procesos. Entre estas comunidades 10 familias se hallan directamente involucradas y podrían tener entre sus miembros a guarda parques.
Soluciones a largo plazo
47. Para los madereros ilegales es necesario planificar trabajos alternativos. En esto se pueden incluir proyectos para fortalecer la soberanía alimentaria y otros para fortalecer la economía local.
PROBLEMAS CON LA INDUSTRIA PETROLERA
48. Dentro de las políticas a mediano o largo plazo, se requiere que se de seguimiento a los recursos que entregan las petroleras y que los programas de relaciones comunitarias estén auditados por el estado. La DINAPA trabaja en esto pero no se lo está haciendo desde el punto de vista de las necesidades o intereses de los pueblos Taromenani y Tagaeri. Además esta entidad tiene su oficina principal y personal mejor entrenado en Quito y para el caso que nos preocupa carecen de mecanismos apropiados de participación ciudadana. Dadas las dificultades especiales que presenta trabajar con pueblos aislados es necesario un proceso de vigilancia donde estén involucrados expertos de la sociedad civil y un funcionario del Estado a quien se encargue coordinar la implementación y diseño de las políticas sobre PA. Este funcionario tendría que, junto con el encargo del puesto, asumir el proceso como una responsabilidad o misión personal. Por lo tanto es vital la identificación de una persona con la visión y compromiso apropiados para las circunstancias y la capacidad de mando para que la fuerza pública involucrada actúe de manera inmediata conforme a la necesidad y órdenes dadas por este funcionario.
49. En cuanto al proceso de auditoría de las empresas petroleras, éste debería incluir vigilancia sobre políticas de las empresas y las relaciones que se establecen con las comunidades para que no se generen o acentúen las relaciones de dependencia que existen con la industria petrolera. Así también deberá existir un proceso sostenido para detectar estas situaciones e implementar procesos para que estas relaciones cambien sin mayores traumas para las comunidades. El control de relaciones de dependencia es importante porque constituyen relaciones corruptas donde se ha institucionalizado el soborno y la extorsión y que se repiten en las relaciones con los madereros. Esto permite el flujo de cuantiosas cantidades de dinero obtenido mediante negociaciones donde las partes abusan de su poder y generan procesos in sustentables. Antes de que este sistema de relaciones colapse con el fin de la era petrolera en el área es importante establecer mecanismos para impedir prácticas carentes de ética donde la vida humana tiene poca importancia y podrían poner en peligro, eventualmente, el desarrollo de soluciones a la tala ilegal mediante sistemas de ingresos que involucren el trabajo, el respeto al prójimo y el uso sustentable de recursos naturales.
50. El manejo de derrames constituye un problema especial ya que no se puede advertir a los PA sobre situaciones de riesgo. La presencia e Andes Petroleum en los bloques 14 y 17 y Respol-YPF en el Bloque 16 constituyen un riesgo para varias cuencas hidrográficas. Previa a la salida de estas empresas de la zona es necesaria que se diseñen procesos para reducción de riesgos y manejo de desastres.
NORMATIVA LEGAL NECESARIA
51. Es necesaria una ley diseñada para la protección de PA que incluya reglamentación y penalización. A continuación se exponen algunas ideas sobre lo que se necesita hacer.
52. No existe un organismo del Estado que tenga información detallada sobre ellos con datos concretos sobre su número y procedimientos necesarios para distintas circunstancias. Quizá el CODEMPE es la institución apropiada para la creación de un departamento dedicado al monitoreo de la aplicación de políticas de protección de los PA.
53. Este departamento debe exigir a las petroleras, ejercito, compañías de turismo, ong's y en general a todos los actores presentes en el área; que entreguen toda la información que tienen y el registro de todos los avistamientos, episodios violentos o pacíficos que se tengan, ubicación de casas, chacras. Esta información debe de ser manejada con reserva, pero al mismo tiempo estar en el poder de las personas idóneas para favorece su protección frente a presiones como las de la industria extractiva
54. Es necesario respetar la voluntad de permanece aislados de los PA tanto en cuanto esa sea su voluntad. Para ello se requiere prohibir comisiones científicas, de búsqueda, humanitaria, turismo, aventura religiosas, para evitar todo posible contacto. Deben existir planes de avistamiento con el fin de evitar el contacto o permitirlo con el mínimo de riegos si tal es la voluntad de los PA. Por ejemplo ante situaciones de contacto se requieren áreas libres de presiones externas o vectores de patógenos.
55. Es vital un plan de emergencia económica que permita acceso rápido a fondos cuando existan circunstancias especiales de riesgo
56. Se requieren penalizaciones al incumplimiento a las medidas de protección. Creación de reglamentación. Por ejemplo, reglamentación del turismo dentro de la zona de amortiguamiento del territorio Tagaeri/Taromenane.
Fuente:
23 de julio del 2007
1. El 10 de mayo del 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los pueblos Taromenani y Tagaeri (proceso de medidas cautelares número MC-91-06). Esto se hizo de manera casi inmediata a una petición para que se declare la violación de los derechos de estos pueblos indígenas y se otorguen medidas cautelares con el fin de protegerlos. Hasta el momento existen indicios de que desde esa fecha se han producido 4 muertes violentas. Tres personas asesinadas serían taromenani y una tagaeri. Así también existe evidencia abrumadora de que la tala ilegal –considerada hasta el momento el peligro más grande para los taromenani- persiste dentro de su territorio sin ninguna intervención planificada y eficaz del Estado Ecuatoriano. Por esta razón además se han solicitado a la CIDH medidas provisionales.
2. Otros elementos como la posibilidad de un peligroso intento de contacto en el Perú –motivado por intereses petroleros- en el cuál estaría involucrada la empresa Barret, las actividades de Andes Petroleum y Repsol YPF al sur del río Tiputini, los intentos de Petrobrás por ingresar al Bloque 31 y la posibilidad de que se explote el Bloque ITT constituyen riesgos adicionales para los taromenani, tagaeri y otros pueblos ocultos que habitan en el área.
3. Aunque en enero del 2007 se concluyó un proceso de limitación del área denominada “Zona Intangible”(ZI) –lo que constituye en la práctica el único proceso que el Estado ha llevado adelante en respuesta a la CIDH- persisten diferentes riesgos por varias razones: 1. La ZI no comprende todo el territorio de los pueblos Taromenani y Tagaeri. Ellos habitan dentro y fuera de la ZI hacia el norte y oriente de ésta y quizá incluso hacia el occidente 2. Persisten riesgos de enfrentamientos violentos ya que no se ha implementado ningún mecanismo de control de ingreso a la ZI mucho menos de erradicación de la tala ilegal 3. Los habitantes del área, especialmente los Waorani, no conocen o conocen muy poco sobre mecanismos apropiados de manejo de riesgos (violencia y transmisión de enfermedades). 4. No existe un plan de contingencias ni financiamiento para ninguna actividad que implique protección para los taromenani o tagaeri. 5. Existen riesgos en el Perú que no están siendo considerados y ante los cuáles es necesaria una acción a nivel internacional. 6. No existen políticas de seguimiento a los programas que se han implementado para los Waorani 7. La industria petrolera no se halla en condiciones de manejar situaciones de riesgo ni ha implementado planes apropiados para la realidad (como, por ejemplo, considerar la política nacional propuesta por el Presidente Correa y diseñada por el Ministro de Energía sobre intangibilidad del territorio de estos pueblos). 8. El Ministerio de Ambiente, cuya ministra es, supuestamente, coordinadora del proceso de implementación de la política para los pueblos en aislamiento no parece interesada y/o capacitada para llevar adelante el proceso.
4. Por pedido hecho por el Doctor Eric Roberts, a nombre de la Procuraduría, el lunes 9 de mayo del 2007, se presenta a continuación un plan para implementación de las medidas cautelares. Las propuestas que se hallan a continuación se han discutido con diferentes miembros de la sociedad civil a quienes se recomienda contactar de manera permanente con el fin de corregir deficiencias y buscar soluciones a problemas que se puedan presentar: Juan Guevara (Finding Species), Fernando Ponce (Ciudadanos por la Democracia), Matt Finer (Save America´s Forests), Verónica Quitiguiña (Finding Species), Jaro Fernando Vaca (Jungle Tours/Ecolodge Shiripuno), Eugenia Nieto (Jungle Tours), Nathalia Bonilla (Acción Ecológica), Milagros Aguirre (periodista independiente), José Proaño (Acción Ecológica), Raúl Moscoso (Ciudadanos por la Democracia), Patricio Asimbaya (Finding Species), Alonso Jaramillo (Ministerio de Ambiente), Juan Martínez (Ministro Coordinador), Sebastián Albuja (independiente), David Ahua (Presidente de la NAWE), Huane Manuel Cahuiya (Presidente de la comunidad de Ñoneno), Miipo Mario Cahuiya (vicepresidente de la comunidad de Ñoneno), Moi Enomenga (líder de la comunidad de Quehueriono), Luis Ahua (miembro de la NAWE), Alicia Cahuiya (hija de Huane Cahuiya).
5. Este plan no necesariamente implica consenso absoluto entre todas las personas mencionadas. Tampoco significa que las bases representadas por algunas de estas personas hayan sido consultadas. Sin embargo sí se ha intentado que refleje en la mejor medida los puntos de vista de aquellos mencionados en el párrafo anterior y debe considerarse susceptible de cambio y modificación según los planteamientos que hagan (estas y otras personas) y se considere razonable tomar en cuenta con el fin de proteger a los pueblos Tagaeri y Taromenani. Más aún, se intenta que este documento sirva como una guía para que el gobierno nacional consulte en su conjunto o por separado (según manden las circunstancias) con los distintos involucrados en el tema de la tala ilegal y para que se implemente un control de ésta y otros riesgos que enfrentan los taromenani y los tagaeri.
6. Existen también otras personas que pensamos deben ser considerados en el proceso de implementación de este plan: Las comunidades y líderes de Ñoneno, Pindo, Tigüino (con sus líderes Ike y Babe), Boamano (con su líder Otovo) y Bameno (con su líder Penti), y otros líderes de la NAWE y AMWAE (por ejemplo su presidenta Manuela Ima), representantes de la CONAIE (por ejemplo Efrén Calapucha), y otros miembros de la sociedad como los padres capuchinos con su misión en Coca, WCS, Ecociencia (especialmente Eduardo Pichilingue), Paulina Palacios, Alfredo Cuesta, Carl Ross (de Save America´s Forests), Friedman Koestner (PUCE), David Romo (USFQ), Brian Keane (de Land is Life), Lourdes Tibán (CODENPE), entre otras personas que consideramos se hallan interesadas en el tema o tienen conocimientos y/o capacidades especiales para contribuir efectivamente a una solución. Si existen personas involucradas en el tema cuyo nombre no se halla en esta lista recomendamos incluirlas conforme la necesidad y se exprese el interés. Se están realizando gestiones para progresar en los contacto con distintas comunidades, así que es importante que la Procuraduría actúe con esto de manera coordinada con los peticionarios.
7. A continuación se describen la situación y el plan que hasta el momento se ha podido preparar. Dentro de esta propuesta de solución integral se incluyen las opiniones de las personas mencionadas en el punto 4.
8. Es necesario que se de una solución emergente a los principales riesgos y otra a largo plazo. En las discusiones posteriores que se den sobre el tema se recomienda incorporar a la NAWE y la CONAIE.
9. El espacio o territorio realmente ocupado por los pueblos aislados (PA) también llamados pueblos ocultos (PO), pueblos sin contacto, pueblos en aislamiento voluntario (PAV) o pueblos indígenas en aislamiento voluntaria (PIAV) debe ser considerado cuidadosamente. Hay que pensar en la movilidad real de los PA y las medidas de protección para éstos deben ir mucho más allá de la Zona Intangible limitada en enero del 2007. Es vital considerar la situación en los bloques petroleros 31, 18, 17, 16 e ITT (o 43). Los PA se movilizan en el área entre los ríos Tiputini y Curaray y el Perú. Por lo tanto se debe monitorear la solución, identificar problemas y diseñar soluciones para toda esta región. Se sugiere por ello que la Zona Intangible se extienda hasta el río Tiputini. Por supuesto en todo este proceso es importante respetar también los derechos y necesidades de distintas comunidades waorani que también habitan el territorio.
10. El plan integral que se propone aquí muy probablemente tendrá impactos o riesgos culturales (como la creación de dependencia económica, mal manejo de dinero, creación de nuevas necesidades que llevarían a la explotación de recursos naturales…). Es necesario tomar en cuenta este hecho para tomar medidas que minimicen este impacto y evitar que se repitan situaciones observadas con el Protectorado primero y la industria petrolera más tarde.
11. El financiamiento de un plan de control de riesgos para los taromenani, tagaeri y otros pueblos en condiciones similares de aislamiento requiere fondos garantizados más allá del gobierno actual. Una propuesta que se ha hecho es la intervención del FAN con el manejo de un fideicomiso. Sin embargo tal idea la critican diferentes personas. En este contexto no parece apropiada una comisión independiente para el manejo de fondos. Los fondos deben venir del Estado para implementar medidas y proyectos concretos. Quizá un mecanismo apropiado es aquel diseñado para el manejo de los fondos que se recolectarán de la compra de petróleo represado en el Bloque ITT o que directamente se use una fracción de esos fondos para los PA. Es vital en todo caso, que el flujo de financiamiento para este proceso no se halle en riesgo por cambios de gobierno o situaciones de limitaciones en el prepuesto debidas a crisis económicas u otras circunstancias y que se actúe inmediatamente para establecer un mecanismo de financiamiento.
12. Es importante que se creen mecanismos de penalización no solo para quienes ingresan al territorio de los taromenani y tagaeri y ponen en peligro sus vidas. Es necesario un proceso de castigo contra las autoridades que incumplan con la implementación de medidas de protección. En esto una reglamentación apropiada debe ser preparada y modificada con flexibilidad y agilidad según lo dicten las circunstancias. Igualmente es importante que se divulgue el conocimiento sobre los tagaeri y los taromenani. Así, por ejemplo, es necesario que sobre esto se trate con las comunidades quichuas del Curaray.
13. Para los mecanismos de control formal, la transferencia de competencias podría permitir la utilización de funcionarios del municipio y consejo provincial en los puntos de control. También la policía ambiental, se ha sugerido, podría participar en el proceso. Otra entidad que debería ser tomada en cuenta es el Ministerio de Turismo. También es necesario el involucramiento de miembros de la sociedad civil. Quizá un mecanismo apropiado es una Comisión Veedora y/o un sistema de vigilancia con voluntarios que vengan de una ONG.
14. Es necesario además que el Ministerio del Ambiente prohíba totalmente la comercialización de cedro y caoba por 20 años. En este contexto será importante un inventario de las plantaciones de cedro y caoba (que posiblemente servirá para confirmar que no existen bosques donde estas especies se siembran). También dentro del proceso de crear el marco legal apropiado, podría servir promover que el cedro pase al apéndice II de CITES.
PROBLEMA DE TALA Y TRÁFICO ILEGAL DE CEDRO, CAOBA Y OTRAS ESPECIES POSIBLES.
Medidas urgentes
15. Este es el problema que requiere una solución más urgente y las medidas más inmediatas que consideramos necesarias son el establecimiento de puestos de control en la Vía Auca junto con la creación de trabajos alternativos como guarda parques para waos involucrados en la tala ilegal y otros waos también interesados en trabajar como guarda parques. Al mismo tiempo se deberá anunciar un plan integral de generación de empleos para los waos (que se describe más adelante). Los puestos de control en la Vía Auca deberán utilizar miembros de la Policía Ambiental o militares. En general la idea de involucrar a la Policía Ambiental es la que mayor aceptación tuvo. Para ello el Ministro Juan Martínez sugirió que se realicen contactos con la Coronela Carranza. Los waos por otra parte tendrán sus puestos de trabajo en sus comunidades, alejados de la Vía Auca y sin contacto con militares o policías. Aunque sí se establecerán mecanismos de coordinación. Es importante tener muy claro que el control de la tala ilegal debe hacerse sin militarización del área y con un cuidado especial para evitar conflictos entre la fuerza pública y comunidades waorani u otros grupos de personas. Sí se hacen necesarios arrestos éstos se deberán hacer con especial cuidado del cumplimiento del debido procesos. Además se sugiere la participación, en tales casos, de observadores de grupos de derechos humanos.
16. Los puestos en la Vía Auca deberán ir en los siguientes lugares: 1. Junto al puente sobre el río Napo2. En la Y de la vía a Tigüino3. Junto al puente que pasa sobre el río Tiputini en Pindo4. Junto al puente sobre el río Shiripuno 5. Tigüino. 17. Además se deberá dar atención permanente a la situación con el fin de detectar nuevas vías de escape de la madera y realizar cambios en los procedimientos. Para definir el lugar exacto y mecanismos de funcionamiento será necesario que se hagan uno o más viajes al lugar con expertos, miembros de la sociedad civil y los peticionarios.
18. Se sugiere además colocar puestos de vigilancia y control en: Nuevo Rocafuerte,
19. El control junto al río Napo se sugiere establecerlo el 2 de agosto. No nos parece necesario ningún tipo de negociación para establecerlo en este lugar. Sin embargo se deberá estar atento ante quejas que se puedan presentar. En este puesto se deberá controlar cuidadosamente el paso de todo camión con madera. Aquí miembros de la fuerza pública (militares o policías ambientales) serán guiados por personal del Parque Yasuní para aprender a distinguir la madera de cedro y caoba. Siempre que esta madera se halle siendo transportada en el área será decomisada y destruida inmediatamente con motosierras (se harán pedazos de 30 cm de largo que se apilarán en un lugar cercano, vigilado donde se dejará que el material sea descompuesto y retorne a la naturaleza).
20. En ningún caso se deberá tolerar el traslado de madera de caoba o cedro. O sea, siempre que esta madera sea detectada lo más apropiado parece ser su destrucción inmediata aún si quien la transporta muestra papeles con autorizaciones.
21. Para otros tipos de madera deberá existir un mecanismo expedito de entrega de guías/permisos que sólo los daría el Ministerio de Ambiente luego de inspecciones en lugares donde se pretenda hacer la tala (que sólo podrán ser fincas fuera del Parque Nacional Yasuní o la Zona Intangible). El Ministerio para ello dispondrá del personal necesario y mecanismos de movilización para realizar inspecciones en menos de 24 horas de solicitadas y proveer guías inmediatamente después de hecha la inspección. Con el fin de evitar actos de corrupción, los miembros de la fuerza pública en ningún caso deberían proveer algún tipo de autorización para circulación de madera. Es necesario un proceso ágil con el fin de evitar incentivos para el conflicto, la extorsión y el soborno.
22. Sobre esto la consulta permanente con el Sr. Alonso Jaramillo (MAE) es necesaria para modificar procedimientos con la intervención de los peticionarios u otros delegados de la sociedad civil. Se sugiere buscar apoyo del Proyecto Bosques (Jon Arruti) con el fin de obtener consejos para elaborar un sistema eficiente de licencias y permisos de explotación forestal (fuera del Parque Yasuní y la Zona Intangible) y en general para mejorar el diseño del proceso.También se considera valioso que se recoja la experiencia de los guarda parques del Parque Yasuní y contar con su participación y personal de soporte.
23. Es importante que se designe inmediatamente una autoridad estatal que de seguimiento al caso, con la participación de la sociedad civil. Esta autoridad estará a cargo de recibir información sobre avistamientos, encuentros de personas de PA con miembros de compañías petroleras, madereros, turistas, otros pueblos indígenas, entrada de madereros u otros hechos violentos vinculados. Además deberá controlar que los operativos de control estén funcionando, identificar procesos que deben ser modificados, controlar que los guarda parques waos estén recibiendo su remuneración y evaluar el impacto de otras actividades orientas a generar ingresos alternativos.
24. El control junto al río Napo deberá contar en tres meses con un local donde los vehículos puedan detenerse para inspección sin estorbar en la Vía Auca mientras son revisados. Este puesto incluirá cámaras de video en el lugar de inspección, sobre la Vía y en el depósito de madera cortada. Se sugiere construir un hangar grande, donde se revise cada camión, se registre la placa y la guía de circulación y que el MAE entregue un informe mensual de las guías que se han emitido y se comparen las guías. Todo vehículo con madera deberá pasar a inspección en este puesto de control. El resto de vehículos deberán detenerse unos pocos segundos para que el personal apropiado determine si es necesaria una inspección más exhaustiva.
25. Junto con el establecimiento de este puesto una ordenanza (del Municipio de Puerto Francisco de Orellana) que: 1. Prohíba la circulación de madera por la noche (una ordenanza donde se prohíba la circulación de madera de 6:00 pm a 6:00 am.) 2. Ordene la circulación de madera destapada durante el día se considera una medida apropiada para reforzar el control. Además se recomienda implementarla al mismo tiempo que se ponga a funcionar el puesto de control junto al río Napo el 2 de agosto.
26. El control en la Y de la vía a Tigüino, a pocos kilómetros del puente sobre el Coca, también se establecerá el 2 de agosto y funcionará de manera similar a aquel junto al río Napo. Aquí a los vehículos sospechosos se les ordenará avanzar hasta el local junto al río Napo para una inspección más minuciosa. Aquellos con madera de cedro o caoba serán escoltados para garantizar que la madera decomisada llega a la zona del Napo donde deberá ser destruida de inmediato. Una cámara de video para controlar si la madera se está desviando hacia el occidente (en lugar de avanzar hacia el puente al norte) se debe considerar. Es necesario establecer este control porque podría constituirse en una vía de escape por el río Napo hacia el occidente de la Vía Auca.
27. Los controles en Pindo y Shiripuno también incluirán personal preparado para identificar la madera, controlar guías y destruir la madera de cedro y caoba o cualquier otra madera que salga de los ríos Tiputini o Shiripuno. Estos puestos se colocarán el 1ero de septiembre. Para ello como condición previa se deberá negociar con las comunidades waorani de Pindo y Ñoneno sobre procedimientos que incluirán la creación de puestos de guarda parques simultánea (el 1ero de septiembre se pagarán también los primeros sueldos). El puesto junto al río Shiripuno deberá hacer un control de la situación tres veces al día (8:00 am, 12:00 pm, 4:00 pm) en otros ingreso junto al Shiripuno que se halla a corta distancia hacia el norte en la estación Cononaco de Petroecuador y se demoniza Pozo 8.
28. En la zona del río Shiripuno ya existe un control donde Huane Cahuiya cobra $20 a cada turista para que pueda circular hacia un complejo turístico en la zona. En este lugar será necesario establecer controles para el ingreso de motosierras, mulas, armas y barcas. Aquí se haría un registro de todas las personas interesadas en circular por la zona que podría estar a cargo del Ministerio de Turismo. Cerca de Ñoneno se halla una operadora turística con la que además se coordinará para mantener un flujo constante de información sobre la situación
29. La negociación con los líderes de Pindo, Ñoneno, Tigüino, Boamano y Bameno posiblemente se hará en una Asamblea General en Coca entre el 5 y 7 de agosto del 2007 con estas cinco comunidades waorani, representantes de la NAWE y representantes de otras comunidades. Todo proceso previo de conversación es útil para facilitar el trabajo final en la Asamblea. En esto podrán colaborar miembros de la sociedad civil que estarán dispuestos a trabajar en coordinación con la Procuraduría. Abajo se describe en forma detallada una propuesta de lo que se negociará específicamente. Si durante la negociación se presentan nuevos elementos será necesario posponer la negociación de estos para otra ocasión (con fecha definida), si ello implica la posibilidad de riesgos para los taromenani y tagaeri o el desarrollo de relaciones cuestionables (por ejemplo dependencia). Lo que se hará con el fin de permitir a las partes considerar la situación y consultar con diferentes personas sobre qué es lo más apropiado o llevar adelante diálogos informales entre las partes.
30. Para esta Asamblea General es importante tomar en cuenta lo que parece ser una situación de división entre los waos. Quizá un papel clave del Estado aquí sería acercarse directamente a las comunidades mencionadas e invitarles a dicha reunión. Es necesario ser sumamente cuidadosos y dejar muy claro que todos, especialmente estas cinco comunidades (Pindo, Ñoneno, Tigüino/Bataburo, Boamano y Bameno), están siendo invitadas. Adicionalmente se debe contactar con la NAWE, en Puyo, para solicitar que ésta invite a todas las comunidades waorani a la Asamblea.
31. El control en el Pindo también se deberá negociar antes de su implementación. Para el caso de Tigüino se requiere cuidado especial ya que en esta zona los waorani habitan junto a la carretera. Aquí también es necesario un proceso de negociación para determinar dónde es aceptable poner el control. Se ha planteado que un control sobre el río podría ser más efectivo. Sin embargo también se debe considerar la posibilidad de que la cercanía del control a la comunidad waorani facilite la existencia de conflictos. Todas estas negociaciones por supuesto implican la creación de puestos de guardar parques waos (alternativas a los ingresos de la tala ilegal) y un plan integral que se describe más adelante.
32. Cuando se den errores en los procedimientos que afecten a personas inocentes (por ejemplo decomiso y destrucción de madera de “chuncho” que fue obtenida mediante mecanismos legales) el Estado deberá indemnizar a los afectados de manera inmediata.
33. Previo al establecimiento del control en el Shiripuno el 1ero de septiembre los madereros deberán ser informados de la ilegalidad de la situación. Se sugiere advertirles con dos semanas de anticipación que deben salir de la zona. Sin embargo en los puestos de control establecidos el 2 de agosto ya se podría anunciar también que la tala de cedro u otras especies debe detenerse en la zona del Shiripuno, Cononaco y Cuchillacu. Luego el 2 de septiembre se deberá hacer un operativo para sacar del lugar a todo maderero que pueda haber quedado en la zona, destruir la madera que se encuentre en los campamentos madereros, confiscar equipo para tala y perforar embarcaciones que claramente pertenezcan a taladores ilegales y se hallen cerca de la Vía Auca en el río Shiripuno. Este operativo deberá hacerse con la presencia de observadores de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil.
34. Junto con el operativo para detener el tráfico en la vía Auca, vigilar los ingresos y dar trabajos alternativos como guarda parques a waos en las cinco comunidades claves mencionadas en la Procuraduría deberá coordinar con la Fiscalía General de la Nación para que se designe un fiscal especial encargado de investigar y llevar adelante enjuiciamientos. Se sugiere iniciar con el arresto de los patrones madereros que se hallan Coca y luego seguir adelante con un proceso para dar con los cabecillas de la o las operaciones de tráfico ilegal de madera. La situación es sumamente delicada debido a la impunidad permanente con que se explota madera ilegalmente y se asesina. Por esta razón es sumamente importante que se den arrestos, si fuera posible a inicios de agosto junto con el inicio de operaciones del control junto al río Napo y la prohibición de movilización nocturna de madera. Existen varios patrones madereros, entre los que se halla Líder Bazurto, que podrían ser arrestados fácilmente si se dedicaran unas pocas horas a investigar la evidencia disponible en la Fiscalía de Orellana (entre otras fuentes).
35. Para el proceso de pago al nuevo guarda parques waos existen distintas sugerencias. Una es que el Ministerio del Ambiente (la oficina en Coca) se involucre en el proceso, otra que la gobernación se encargue de esta función. La oficina en Coca del Ministerio de Ambiente, en todo caso, debe ser fortalecida en su papel como vigilante del área y se deberán realizar gestiones para que exista una coordinación apropiada con la gobernación, otras oficinas del gobierno y miembros de la sociedad. Así también se deberán proveer los medios necesarios para que tal cosa ocurra con la oficina del MAE en Coca (que la dirige el Señor Alonso Jaramillo). Quizá un mecanismo de mutuo control es que el dinero que se asigne para el control de la tala ilegal salga de la gobernación y que los líderes de la NAWE y el encargado de la oficina en Coca acompañen al funcionario de la gobernación (en un papel vigilante). Para esto quizá se podría asignar un estipendio para que una vez al mes un representante de la NAWE realice este trabajo.
36. En conversaciones con líderes de Ñoneno se nos ha indicado que los mayores deberían recibir $800 mensuales y los menores $500 mensuales por el trabajo como guarda parques. Por ahora Huane Cahuiya tiene un contrato con Save America´s Forests que equivale a $300 con el fin de evitar la tala ilegal. En Ñoneno existen entre 5 y 7 mayores y al menos 14 jóvenes que podrían hallarse interesados en trabajar como guarda parques. Esto representa para Ñoneno un valor aproximado de $11000 mensuales por vigilar dentro de la zona de Ñoneno el paso de madereros ilegales. Es posible que figuras similares se den en las otras comunidades. En este proceso es importante definir las actividades específicas que se necesita hagan los guarda parques. Para ello se sugiere intercambiar ideas con la oficina del MAE en Orellana (el Señor Alonso Jaramillo). Aparentemente los waos tienen gran interés en el ecoturismo. Dentro de un plan de alternativas ésta parece una con mucho potencial especialmente para los más jóvenes. Por lo tanto no se debe pensar sólo en puestos de guarda parques como sistemas de ingresos alternativos. El ecoturismo también tiene potencial como una actividad, que bien regulada, puede evitar la actividad extractiva en la zona e incentivar el control de la tala y caza ilegal.
37. Por ahora se podría tener como primeros guarda parques, en proyectos pilotos, a Penti en Bameno, Otovo en Boanamo, Huane en Ñoneno, Ike, Moene y Babe en Tigüino, Dabo en Toveta, Humberto en Guiyero, Kantapari en Armadillo. Eco-Lodge en Shiripuno podría coordinar el control con Ñoneno. Quizá a esto debe seguir el nombramiento de cuatro guarda parques en cada una de las cinco comunidades conectadas con la Vía Auca y evaluar el impacto de la medida. Es necesario un proceso de control con el fin de evitar que quienes trabajen como guarda parques entren en conflicto con aquellos que quizá quieran seguir beneficiándose de la tala ilegal. Esto debe darse mediante puestos de control efectivos en la vía Auca, vigilancia de las autoridades del Parque, ágil modificación de procesos según la necesidad y diálogo con los miembros de cada comunidad. Eventualmente una medida adicional podría ser la creación de más puestos de guarda parques. Sin embargo más adelante se tratan otras alternativas. Además se debe dialogar con las comunidades con el fin de definir al menos un bosquejo de cronograma.
38. El proceso de control de riesgo para los taromenani debe incluir la prohibición de navegar en los ríos Chuchiyacu y Cononaco chico. La violación de esta normativa debe ser penalizada de manera proporcional a la falta y las sanciones establecidas divulgadas apropiadamente.
39. Se han realizado contactos con dirigentes waos y se ha señalado como fechas tentativas para una Asamblea Waorani los días 5, 6 y 7 de agosto del 2007. Es necesario el apoyo económico del gobierno para la realización de esta Asamblea que se realizaría en Coca (Puerto Francisco de Orellana). Se estima que costará aproximadamente $10000. El día 5 serviría para que lleguen los participantes, el 6 los waos discutirían internamente la situación y el 7 se reunirían con los representantes del gobierno. Uno de los objetivos de esta reunión es llegar a acuerdos específicos con los líderes locales cuyas comunidades se hallan involucradas y/o afectadas por la tala ilegal. Durante esta reunión el plan establecido en este documento sería discutido con los waorani con el fin de llegar a acuerdos muy específicos en la medida de lo posible. Lo que no se logre acordar se podría dejar para otra reunión en una fecha determinada.
40. Es responsabilidad del Estado un proceso de vigilancia permanente. Para ello se sugiere proveer el financiamiento y equipo necesario para que cada 8 semanas personal del MAE (autoridades en Coca) circulen por varios ríos, por una ruta estrictamente predefinida con el fin de evaluar la situación de extracción de la madera. En esta actividad el o los responsables del MAE deberán viajar acompañados de la protección apropiada y al menos un representante de la sociedad civil que podría hacer sugerencias sobre el proceso... Además se podrían establecer tramos específicos donde este grupo de control viaje acompañado de guarda parques waos. En este proceso se evitará entrar en zonas donde se tenga conocimiento o se sospeche se hallan presentes PA. El incumplimiento de esa norma debería ser sancionado con el despido.
41. Los PA también se hallan en peligro en el territorio peruano. Es importante que en forma inmediata se contacte con el gobierno del Perú al más alto nivel con el fin de buscar acuerdos binacionales orientados a la protección de los PA. Revisar los numerales 2 y 3. Si se persiste en contactar con los taromenani en el Perú se corre el peligro de que estas personas sufran infecciones graves y mortales.
42. Además de las cinco comunidades conectadas con la Vía Auca, existen otras donde también se sugiere establecer puestos de control con waorani (que se hallan en otras partes de la reserva): Armadillo, Guiyero, Timpoca, Onetaro, Nenquepare, Miwaguno, o quichuas (Llanchama, cerca de Nuevo Rocafuerte).
43. También la Vía que Petrobrás construyó entre el río Napo y el Tiputini parece estar sirviendo para el tráfico de madera. Un proceso de vigilancia en ésta y el cierre de ésta se deberían considerar. Existen estudios que sugieren que esa vía de 12 km no es necesaria para la explotación petrolera en el Bloque 31. Además, dentro del marco de las medidas cautelares esta actividad no es admisible dentro del Bloque 31 (ya que es territorio de tagaeri y taromenani donde se halla prohibido el ingreso a terceros).
Medidas a mediano plazo
44. Existen medidas que son necesarias y sobre las cuáles es necesario trabajar para mejorar el control de la situación continuamente. Primero será necesario un proceso de capacitación de waorani como guarda parques y sensibilización sobre la situación de los PA. Junto con esto es necesario un plan de implementación de becas y planes de formación para waorani: alfabetización con profesores bilingües o trilingües, formación de promotoras de salud, profesoras, guías de ecoturismo y turismo comunitario, artesanías, comunicación, mecánicos entre otros procesos posibles. Para esto se recomienda trabajar con ONGs que ya mantienen trabajo y proyectos en la zona (IBIS, FEPP, Sinchi Sacha) y buscar mercados internacionales para artesanías (por ejemplo con el apoyo de Save America´s Forests).
45. Un número equivalente a aproximadamente 80 familias, que representan 400 personas podría representar la necesidad de invertir $288 mil por año (si se asume que cada familia recibiría $300) en un sistema de guarda parques o alguna otra alternativa. Una planificación y monitoreos cuidadosos son necesarios con el fin de evitar impactos negativos como la creación de otro sistema de dependencia o la creación –con un flujo inusual de dinero- de incentivos para el alcoholismo, la violencia y propagación de enfermedades.
46. Dentro del Parque existen 12 comunidades que deberían ser involucradas en estos procesos. Entre estas comunidades 10 familias se hallan directamente involucradas y podrían tener entre sus miembros a guarda parques.
Soluciones a largo plazo
47. Para los madereros ilegales es necesario planificar trabajos alternativos. En esto se pueden incluir proyectos para fortalecer la soberanía alimentaria y otros para fortalecer la economía local.
PROBLEMAS CON LA INDUSTRIA PETROLERA
48. Dentro de las políticas a mediano o largo plazo, se requiere que se de seguimiento a los recursos que entregan las petroleras y que los programas de relaciones comunitarias estén auditados por el estado. La DINAPA trabaja en esto pero no se lo está haciendo desde el punto de vista de las necesidades o intereses de los pueblos Taromenani y Tagaeri. Además esta entidad tiene su oficina principal y personal mejor entrenado en Quito y para el caso que nos preocupa carecen de mecanismos apropiados de participación ciudadana. Dadas las dificultades especiales que presenta trabajar con pueblos aislados es necesario un proceso de vigilancia donde estén involucrados expertos de la sociedad civil y un funcionario del Estado a quien se encargue coordinar la implementación y diseño de las políticas sobre PA. Este funcionario tendría que, junto con el encargo del puesto, asumir el proceso como una responsabilidad o misión personal. Por lo tanto es vital la identificación de una persona con la visión y compromiso apropiados para las circunstancias y la capacidad de mando para que la fuerza pública involucrada actúe de manera inmediata conforme a la necesidad y órdenes dadas por este funcionario.
49. En cuanto al proceso de auditoría de las empresas petroleras, éste debería incluir vigilancia sobre políticas de las empresas y las relaciones que se establecen con las comunidades para que no se generen o acentúen las relaciones de dependencia que existen con la industria petrolera. Así también deberá existir un proceso sostenido para detectar estas situaciones e implementar procesos para que estas relaciones cambien sin mayores traumas para las comunidades. El control de relaciones de dependencia es importante porque constituyen relaciones corruptas donde se ha institucionalizado el soborno y la extorsión y que se repiten en las relaciones con los madereros. Esto permite el flujo de cuantiosas cantidades de dinero obtenido mediante negociaciones donde las partes abusan de su poder y generan procesos in sustentables. Antes de que este sistema de relaciones colapse con el fin de la era petrolera en el área es importante establecer mecanismos para impedir prácticas carentes de ética donde la vida humana tiene poca importancia y podrían poner en peligro, eventualmente, el desarrollo de soluciones a la tala ilegal mediante sistemas de ingresos que involucren el trabajo, el respeto al prójimo y el uso sustentable de recursos naturales.
50. El manejo de derrames constituye un problema especial ya que no se puede advertir a los PA sobre situaciones de riesgo. La presencia e Andes Petroleum en los bloques 14 y 17 y Respol-YPF en el Bloque 16 constituyen un riesgo para varias cuencas hidrográficas. Previa a la salida de estas empresas de la zona es necesaria que se diseñen procesos para reducción de riesgos y manejo de desastres.
NORMATIVA LEGAL NECESARIA
51. Es necesaria una ley diseñada para la protección de PA que incluya reglamentación y penalización. A continuación se exponen algunas ideas sobre lo que se necesita hacer.
52. No existe un organismo del Estado que tenga información detallada sobre ellos con datos concretos sobre su número y procedimientos necesarios para distintas circunstancias. Quizá el CODEMPE es la institución apropiada para la creación de un departamento dedicado al monitoreo de la aplicación de políticas de protección de los PA.
53. Este departamento debe exigir a las petroleras, ejercito, compañías de turismo, ong's y en general a todos los actores presentes en el área; que entreguen toda la información que tienen y el registro de todos los avistamientos, episodios violentos o pacíficos que se tengan, ubicación de casas, chacras. Esta información debe de ser manejada con reserva, pero al mismo tiempo estar en el poder de las personas idóneas para favorece su protección frente a presiones como las de la industria extractiva
54. Es necesario respetar la voluntad de permanece aislados de los PA tanto en cuanto esa sea su voluntad. Para ello se requiere prohibir comisiones científicas, de búsqueda, humanitaria, turismo, aventura religiosas, para evitar todo posible contacto. Deben existir planes de avistamiento con el fin de evitar el contacto o permitirlo con el mínimo de riegos si tal es la voluntad de los PA. Por ejemplo ante situaciones de contacto se requieren áreas libres de presiones externas o vectores de patógenos.
55. Es vital un plan de emergencia económica que permita acceso rápido a fondos cuando existan circunstancias especiales de riesgo
56. Se requieren penalizaciones al incumplimiento a las medidas de protección. Creación de reglamentación. Por ejemplo, reglamentación del turismo dentro de la zona de amortiguamiento del territorio Tagaeri/Taromenane.
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