Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2009

Obama emite memorandum para implementar el deber estatal de consulta previa a pueblos indígenas


En un plazo de 90 todas las agencias federales de EUU deberán presentar plan de implementación de procesos de consulta previa, regular y significativa a los pueblos indígenas.
Para el mandatario, la ausencia o mínima consulta del gobierno federal con los pueblos indígenas es la principal razón de los conflictos. "La historia ha demostrado que el fracaso en tomarse en cuenta los planteamientos de las autoridades indígenas para la formulación de políticas que interesen a sus comunidades ha producido resultados frecuentemente indeseables y, en ocasiones, devastadores y trágicos."
"Nosotros sabemos la historia que compartimos. Es una historia de violencia, de enfermedades y privación. Tratados que fueron violados. Promesas rotas", dijo Obama al hablar ante la Conferencia de Naciones Originarias en la Casa Blanca.

Obama firmó un Memorandum para dar cumplimiento al deber de realizar consultas regulares entre el gobierno y los pueblos indígenas en el diseño de políticas que tienen efecto sobre los indígenas.
El mandatario dijo que la Orden Ejecutiva 13175, firmada por el ex presidente William Clinton, ha sido cumplida tan solo por un puñado de agencias de gobierno "y es tiempo de que eso cambie".
El presidente estadunidense Barack Obama se comprometió ante representantes indígenas una nueva relación con el gobierno, que contribuya a superar siglos de trato negligente hacia sus comunidades.
La situación actual en estas comunidades habla de un desempleo de hasta 80 por ciento en algunas comunidades, falta de servicios como electricidad y agua potable.
"Sin una comunicación y consulta real, estamos entrampados año tras año con políticas que no funcionan para ustedes y sobre temas amplios que nos afectan a todos, y ustedes merecen tener una voz ahí", dijo.
Obama reconoció que forjar una mejor relación entre el gobierno y pueblos indígenas no será fácil dado el pasado, "pero quiero que sepan que estoy absolutamente comprometido en avanzar y forjar un nuevo y mejor futuro".
El mandatario dijo a los líderes indígenas que él está de su lado, y refirió las acciones con las que su gobierno ha cumplido algunas de las promesas que ofreció como candidato. Entre éstas destacó el nombramiento de un representante de la nación Cherokee como consejera para la Oficina de Asuntos Indígenas de la Casa Blanca y otra miembro de la nación Sioux como directora de la Oficina de Servicios Médicos dentro del Departamento de Salud.


TEXTO DEL MEMORANDUM
Memorandum Para los directivos y directivas de los organismos y agebncias del poder ejecutivo


Los Estados Unidos mantienen una relación jurídica y política de carácter singular con los gobiernos comunitarios indígenas, relación establecida y confirmada por la Constitución de los Estados Unidos, así como por tratados, leyes, disposiciones reglamentarias y decisiones judiciales. En reconocimiento de esta relación especial, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13.175 del 6 de noviembre de 2000, los organismos y agencias del poder ejecutivo deben asumir el compromiso de actuar mediante consultas regulares y significativas, en colaboración con las autoridades indígenas, para el desarrollo de políticas federales que afecten a sus pueblos, y deben cumplir con la responsabilidad del fortalecimiento de la relación de Gobierno a Gobierno entre los Estados Unidos y los pueblos indígenas.
La historia ha demostrado que el fracaso en tomarse en cuenta los planteamientos de las autoridades indígenas para la formulación de políticas que interesen a sus comunidades ha producido resultados frecuentemente indeseables y, en ocasiones, devastadores y trágicos. Por el contrario, un diálogo significativo entre representantes federales y autoridades indígenas ha conducido a sustanciales mejoras de la política federal hacia los pueblos indígenas. La consulta es un elemento crucial de una relación sana y productiva entre la Federación y los pueblos indígenas.
Mi Gobierno ha asumido el compromiso de consular a las autoridades indígenas y colaborar con ellas para la adopción de decisiones políticas que afecten a sus pueblos, incluyendo, como paso inicial, la aplicación completa y sistemática de la Orden Ejecutiva 13.175. En consecuencia, directamente ordeno a los directivos o directivas de todas y cada una de las agencias que presenten al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB), en el plazo de 90 días a partir de la fecha de este memorando, un plan detallado de acción que la agencia habrá de adoptar para la puesta en práctica de las políticas y las directrices de la Orden Ejecutiva 13.175. Este plan se elaborará previa consulta de la agencia con los pueblos indígenas y sus autoridades conforme se especifica en la misma Orden Ejecutiva 13.175. También ordeno a cada directivo o directiva de agencia que presenten al Director de la OMB en un plazo de 270 días a partir de la fecha de este memorando, y luego anualmente, un informe sobre el progreso y el estado de cada acción prevista por el respectivo plan junto con las propuestas que convengan para su actualización.
El plan y los subsiguientes informes de cada agencia designarán a un funcionario competente para coordinar la aplicación del plan y la preparación de los informes de evaluación previstos en el presente Memorandum. El Asistente del Presidente en Política Interior y el Director de la OMB deberán supervisar los planes de las agencias y los informes consecutivos a fin de verificar su coherencia con las políticas y directrices de la Orden Ejecutiva 13.175.
Además, el Director de la OMB, en coordinación con el Asistente del Presidente en Política Interior, deberá presentarme, en el plazo de un año a partir de la fecha de este Memorandum, un informe sobre la aplicación de la Orden Ejecutiva 13.175 por todas las dependencias del poder ejecutivo de la Federación, informe basado en la supervisión de los planes de las agencias y de los respectivos informes de evaluación. Recomendaciones, de haberlas, para mejorar los planes y conseguir un proceso más eficaz de consulta indígena habrán de incluirse en tal informe.
Los términos “pueblos indígenas” ("Indian Tribe"), “autoridades indígenas” ("tribal oficials”), y “políticas que afectan a los pueblos indígenas” (“policies that have tribal implications”) son utilizadas en el presente Memorandum tal como se definen en la Orden Ejecutiva 13.175.
El Director de la OMB queda investido de la autoridad y sujeto a la obligación de publicar este Memorandum en el Diario Federal.
Este memorándum no pretende crear ni crea derecho o beneficio alguno, sustantivo o procesal, exigible en derecho o en equidad, para parte alguna frente a los Estados Unidos, sus organismos, agencias, funcionarios o funcionarias, empleados o empleados, agentes o cualesquier otras personas. Las dependencias y las agencias del poder ejecutivo deberán llevar a la práctica las disposiciones de este Memorandum en la medida que lo permita el derecho y de conformidad con las respectivas competencias legales y reglamentarias y mediante los procedimientos de mecanismos de aplicación igualmente legales y reglamentarios.

President

Barack ObamaWashington, D.C

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2009

LA PROPIEDAD DEL SUBSUELO

La Comisión Multipartidaria Encargada de Estudiar y Recomendar la Solución a la Problemática de los Pueblos Indígenas del Congreso de la República, viene trabajando una propuesta sobre Territorio y territorialidad.Uno de los ejes del tema, es sobre la priopiedad del subsuelo ¿A quién debe pertenecer los recursos naturales del subsuelo? ¿Al Estado o a las Comunidades?Les envio el documento adjunto para su difusión. La idea es convocar a un debate sobre el tema. http://www.scribd.com/doc/21182773/PDF-La-Propiedad-Del-Subsuelo

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2009

Nativos se oponen a exploración de Hunt Oil

En Madre de Dios. Con finalidad de proteger la reserva comunal Amarakaeri. Esperan que el Estado haga prevalecer sus derechos. Mientras que empresa no quizo firmar el acuerdo suscrito.
Magda Quispe.
Tras la reunión llevada a cabo hace unos días atrás, entre representantes de Hunt Oil Company y ocho comunidades nativas de la Reserva Comunal Amarakaeri, los nativos manifestaron como decisión definitiva oponerse a que la empresa realice trabajos en dicha zona.
Cabe señalar que la Reserva Comunal Amarakaeri se ubica en la provincia del Manu, Madre de Dios, y fue establecido en el 2002 a través de un decreto supremo con el objetivo de proteger las cuencas de los ríos Madre de Dios y Colorado que son las únicas fuentes proveedoras de agua con las que cuentan más de diez mil personas de la zona.
Mientras que Hunt Oil Company (empresa norteamericana que participa en la explotación y exportación del gas de Camisea) desde el 2005 cuenta con licencia para explorar y explotar gas y petróleo en el Lote 76.
Este lote se superpone casi en su totalidad sobre la Reserva Comunal Amarakaeri, un territorio ancestral de los pueblos Harakmbut, Yine y Machiguenga y cuyo reconocimiento oficial se logró después de más de diez años de lucha indígena.
Demandan paralización
La Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), líderes indígenas de los pueblos Harakmbut, Yine y Machiguenga demandaron a los representantes de la concesionaria Hunt Oil paralizar los trabajos de las líneas que atraviesan sus comunidades.
Nilton Mercado Apaza, asesor legal de la FENAMAD, señaló que el Estado haga prevalecer el derecho a consulta que poseen las comunidades y que está sancionado por Tratados Internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
No firmaron
Cabe indicar que este acuerdo de los nativos fue plasmado en un acta hecha el 13 de setiembre pasado, donde los representantes de la empresa norteamericana Hunt Oil, Silvana Lay y Arturo Chávez, junto con el director de Gestión de Áreas Naturales Protegidas, dependencia del Ministerio del Ambiente (Minam), Marcos Pastor Rozas,no aceptaron suscribir dicha acta. Datos
Acuerdo. El Ministerio del Ambiente promoverá mecanismos de diálogo entre los representantes de las comunidades y la petrolera Hunt Oil que permitan llegar a un acuerdo.
Fuente: La República del 20.09.09

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2009

¡380 mil soles al agua! por Hidroeléctrica Inambari

¡380 mil soles al agua! por Hidroeléctrica Inambari (Regresar)
Cada vez salen luz nuevos datos respecto a la construcción de la hidroeléctrica del Inambari, provocando dudas e incertidumbre en la ciudadanía. Luego que los pobladores de la cuenca en referencia dijeran un rotundo “no” a la construcción del proyecto, pues el impacto será grande a nivel social y medioambiental, ahora la Dirección Regional de Educación de Puno (DREP) advierte que también se opondrán a la obra hasta las últimas consecuencias.

Según el director de la DREP, Germán Condori Quiñónez, por lo menos 19 instituciones educativas que se ubican en toda la cuenca del Inambari serán inundadas cuando se construya la gran represa con la que se quiere alimentar el proyecto.

Eso significará –literalmente- echar al agua una inversión aproximada de 380 mil nuevos soles, ya que se destruirán las infraestructuras de las instituciones educativas a donde ahora acuden los niños y jóvenes de los poblados ubicados en la provincia de Carabaya.

“Específicamente se afectarán a las escuelas y colegios de Puerto Manoa, Challuamayo, Tantamayo, Cueta Blanca, Carmen, Lechemayo y Loromayo. Allí la mayoría de instituciones han sido construidas con material noble, aunque también existen instituciones educativas construidas con adobe”, dijo Condori Quiñónez, que esta semana visitó la zona.

“Un total de 630 alumnos se quedarán sin escuelas y 35 docentes deberán ser obligados a trasladarse de lugar de trabajo”, calculó la autoridad, al tiempo de señalar que “en la zona existen unas 15 mil personas que se oponen a abandonar sus tierras”.

“Es un sector altamente productivo, siguiendo con las recomendaciones del Proyecto Educativo Regional (PER) estamos haciendo coordinaciones para defender nuestras escuelas”, señaló.

Asimismo, informó que la empresa ECSA Ingenieros, encargada de elaborar el Estudio de Impacto Ambiental no les ha solicitado información alguna referido al tema educación, pero adelantó que si lo hacen tampoco se lo darán. El informe de datos precisos será elevado al Gobierno Regional de Puno.

ADEMÁS: 1. ECSA Ingenieros sostiene que el proceso regular para informar a la población respecto a las dudas que están teniendo está cumpliéndose según lo dispone el Ministerio de Energía y Minas, es decir, habrá más talleres y una audiencia pública. 2. La inversión brasileña para construir la central hidroeléctrica asciende a cuatro mil millones de dólares, pues se piensa hacer el proyecto hidroeléctrico más importante del país y una de las más importantes de América Latina.
Sábado, 12 de setiembre
Pachamama Radio
Comité de lucha solicitará paralización de trabajos de la H. Inambari

Los miembros del Comité de Lucha de la provincia de Carabaya, presentarán un documento al gobierno central, el martes quince de septiembre, a través del cual solicitarán la paralización de todo tipo de trabajo de la pretendida construcción de la central hidroeléctrica de Inambari, informó la alcaldesa de esa localidad, Nancy Rossel Angles.

Actualmente, el memorial está siendo firmado por miles de pobladores de comunidades, caseríos y otros del distrito de San Gabán, por considerar que la central hidroeléctrica de Inambari afectará el medio ambiente.

Además, la población de la cuenca de Inambari, consideran que no está garantizada el pago de las indemnizaciones, tampoco las reubicaciones por tanto estiman que podrían ser estafados por las empresas brasileñas, y luego ser despojados de cientos de hectáreas.

Por ello, el comité de lucha, dará una tregua de 20 días a partir del 15 de septiembre para que el Congreso de la República, la Presidencia de Consejo de Ministros y otras instancias que se pronuncien ante sus demandas, caso contrario ingresaran a una medida de protesta, señaló la alcaldesa.

Rossel Angles, señaló que el gobierno peruano debe estar preparado para escuchar a su pueblo y no solamente para reprimir, como sucedió en otras regiones.

Domingo, 13 de setiembre
Los Andes
¿Muerto el Inambari, muerta la pobreza?
Alberto Narváez y su familia viven en la ribera del río Inambari, en una zona conocida como “La Boca”, cerca del centro poblado de Puerto Manoa, en el distrito de San Gabán, frontera con Madre de Dios. Un panorama paradójico rodea la rústica vivienda de Alberto hecha a base de madera, por un lado rico y hermoso; por el otro reflejando aquella pobreza de la que tanto hablan las estadísticas del gobierno.

En medio del verdor de los bosques, cerca de la casa de Alberto está la carretera Interoceánica que próximamente será concluida, a pocos metros pasa el río Inambari donde los pequeños nadan ante el sofocante calor de la selva, más cerca aún Alberto tiene sus frutales de donde obtiene algunos recursos para sostener la economía familiar. Él sabe que su vida transcurrirá así, quizás hasta el final de sus días, no se imagina viviendo en otro lado, dedicándose a otra cosa que no sea la agricultura o a lavar el oro que arrastra el río.

- ¿Sabe usted que este lugar será inundado y van a tener que irse a otro lado?- le pregunto.
- Sí- me responde con una mueca de duda en el rostro.
- ¿Y qué piensa?, ¿está de acuerdo?
- Está muy bien, este proyecto debe hacerse para que haya más trabajo.
- ¿Usted cree que la gente se quiera ir a vivir a otro lado?
- No, a dónde vamos a ir pe, aquí nos trabajamos para vivir, yo vivo hace muchos años, pero habría que ver qué nos ofrecen, porque seguramente así nomás no nos van a botar.
- ¿Qué sabe del proyecto de la hidroeléctrica del Inambari?
- Está avanzando, en el 2011 tiene que terminarse dicen…

El chofer de la camioneta toca el claxon para avisarme que es tiempo de marcharse, lo que no me permite aclararle a don Alberto que no hablo de la Interoceánica, sino de otra obra. Me voy con la certeza de que allí la gente esta más que desinformada.

Similares anécdotas se volvieron repetitivas en casi todos los poblados asentados en la cuenca del río Inambari, donde esta semana acompañé al fiscal del Ambiente de Puno, Pedro Farfán Parrales, para inspeccionar los posibles daños que ocasionaría la hidroeléctrica a la ecología.

El recorrido empezó el lunes 07 de septiembre por la madrugada y culminó el pasado jueves. Para llegar a la cuenca del Inambari hay que viajar en auto por casi seis horas por el trayecto de la carretera Interoceánica, partiendo de Puno, pasando por Juliaca, Azángaro, Macusani, Ollachea y San Gabán. Distintos paisajes acompañan el viaje de la sierra a la selva.

DE VISITA A LOS PUEBLOS

Puerto Manoa, está ubicado sobre los 600 metros sobre el nivel del mar, tiene categoría de centro poblado y sus pobladores suman alrededor de cuatro mil, según sostiene Moisés Valdez, dirigente de la Asociación de Comerciantes del lugar.

Allí se rechaza el proyecto brasileño casi por unanimidad, “no vamos a dejar que nos quiten nuestras tierras, no tenemos dónde ir, nos quieren meter cuento”, afirma el comerciante, mientras el fiscal se acerca para tomarle sus declaraciones.

En Puerto Manoa se frustraron los talleres que ECSA Ingenieros (encargada por el consorcio Amazonas para hacer el Estudio de Impacto Ambiental) organizó para dar detalles del proyecto, tal como manda la legislación peruana. La razón es que la población no quiere ser mecida, piden un informe concreto sobre su futuro. Otro sector ya no pide nada, sólo que los dejen en paz.

En la Trinchera, también ubicada en la ribera del afluente el panorama no es distinto, la gente sabe poco y rechazan la intención de construcción.

Incluso en Challuamayo el rechazo es más contundente, la señora Olga Cutipa, dirigente de la zona, se dispone a defender sus tierras y argumenta que los brasileños no solamente quieren el agua para la hidroeléctrica, sino también el oro que arrastra el río, mineral que actualmente extraen esos pobladores de manera artesanal.

Igualmente dispuestos a no dejarse sorprender se encuentran los moradores de Lechemayo, donde si bien se hicieron talleres informativos, poco ha quedado claro. Esto según el representante de ECSA Ingenieros, Enrique Millones, porque el proceso dispuesto por el Ministerio de Energía y Minas, obliga a hacer un proceso informativo lento, algo que a él también le parece poco eficiente.

A unos kilómetros de este pueblo se encuentra Loromayo, donde la población ha escuchado del taller, algunos han asistido, otros no, pero inicialmente no quieren saber más. En Carmen, Cuesta Blanca y caseríos aledaños no hay cambios de posición.

DESCONFIANZA ANTE MALOS ANTECEDENTES

La población tiene razón en desconfiar de las promesas que les puedan hacer, observan lo que ocurre con la capital del distrito de San Gabán, donde la pobreza pulula por sus polvorientas calles, en los centros poblados donde a pesar de contar con la hidroeléctrica de San Gabán, no tienen energía eléctrica y menos acceden a posibilidades de desarrollo, pues la presencia del Estado no se nota.

La misma desconfianza se ratifica con la presencia de INTERSUR, empresa que construye el Tramo 4 de la carretera Interoceánica, porque les prometieron trabajo digno y no hay, les ofrecieron proyectos de desarrollo y no existen, les hablaron de mejores destinos y aún esperan esas el cumplimiento de esas promesas.

LA HIDROELECTRICA

El proyecto de la hidroeléctrica del Inambari nace de un convenio bilateral firmado por los gobiernos de Perú y Brasil, pretende ser la más grande del Perú con una capacidad de producción de 2.5 GW de potencia y una inversión de cuatro mil millones de dólares.

Este proyecto implicará embalsar el agua que lleva el río del mismo nombre hasta alcanzar una cota de 540 metros sobre el nivel del mar, significa eso desaparecer pueblos enteros (aproximadamente 50), afectar la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene (4%) y hacer un nuevo trazo para la carretera Interoceánica (100 kilómetros de afectación), entre los aspectos que más atraen la atención.

Enrique Millones, representante de ECSA Ingenieros, señala que el proyecto está siendo replanteado para aminorar la afectación, aunque para él está claro que esos bosques carecen de valor, pues han sido depredados por el mismo hombre.

Adicionalmente, la Dirección Regional de Educación de Puno (DREP) advirtió que con el proyecto se desaparecerán 19 instituciones educativas en toda la zona, implicando una pérdida de casi 400 mil nuevos soles.

La misma empresa ECSA es conciente de que no hay cifras correctas sobre los pobladores, se habla de 15 mil habitantes afectados directamente con la inundación de los aproximadamente 40 kilómetros cuadrados en toda la cuenca, pero en realidad no hay institución que revele datos exactos.

Es por eso que se requiere con urgencia hacer un estudio mucho más serio, con propuestas concretas y claras a las interrogantes de la población, aspectos que deberían de verse claros en los próximos talleres que toca hacer. En caso contrario, quizás estemos advirtiendo de otro fenómeno “Bagua”.

HUÉRFANOS DE AUTORIDADES

Un aspecto más que preocupante para la población de la zona es que las autoridades no tienen presencia allí, aparentemente no hay quien los oriente y los defienda. Por esa razón exigieron al Gobierno Regional de Puno les envíe asesores técnicos, algo que según el gerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Lucio Mamani, es posible cumplir.

En todo este contexto, lo que nadie se atreve a decir es que, si construir la hidroeléctrica valdrá la pena para solucionar el problema de pobreza extrema que se registra con esas poblaciones. La empresa Amazonas no deja claro si con su proyecto sacarán de la actual situación a los miles de pobladores sumidos en la exclusión. En resumen, hay muchas dudas que resolver aún, mucho pan que rebanar.

Domingo, 13 de setiembre
Los Andes
Brasilera Electrobras está seguro en construir hidroeléctrica Inambari

La empresa brasileña Electrobras planea invertir 15,000 millones de dólares en los próximos siete años en Perú para el desarrollo de sus proyectos hidroeléctricos en la zona oriental del país, informó su superintendente de Operaciones en el Exterior, Sinval Zaidan.

Estas inversiones comprenden la construcción de por los menos cinco proyectos hidroeléctricos, entre los que figuran Inambari, Mainique (Urubamba) y Paquitzapango.

De estos, la central de Inambari es el más avanzando pues la empresa brasileña ha iniciado los estudios de viabibilidad y proyecta solicitar a fines de este año la concesión definitiva para iniciar su construcción en el primer semestre del 2010.

Inambari tendrá una potencial instalada de 2,000 megavatios (Mw) y estará ubicada en el límite de los departamentos de Puno, Madre de Dios y Cusco, aproximadamente a 300 kilómetros de la frontera con el estado de Acre en Brasil.

En el caso del pongo de Mainique, Electrobras ha empezado a realizar estudios para evaluar el potencial hídrico de esta zona, indicó a la agencia Andina.

Mientras que la central hidroeléctrica de Paquitzapango tendría más de 2,200 Mw y sería mucho más grande que la de Inambari, manifestó Zaidan.

Sin embargo, se han identificado 11 comunidades asháninkas por lo que no se ingresará a esa zona hasta que el gobierno haya iniciado el diálogo y logrado acuerdos.

La decisión de Electrobras es abstenerse de realizar alguna acción hasta que haya un acuerdo con estas comunidades pues la empresa quiere llegar a un real entendimiento con beneficios para todos, subrayó.

Domingo, 13 de setiembre
Los Andes
Electrobras dispuesta a pagar compensaciones que sean necesarias para desarrollar central de Inambari

La empresa brasileña Electrobras está dispuesta a pagar las compensaciones que se requieran para mitigar el impacto ambiental que generará la construcción de la central hidroeléctrica de Inambari, afirmó su superintendente de Operaciones en el Exterior, Sinval Zaidan.

“Estamos dispuestos a pagar lo que sea necesario y no creemos que haya problemas en ponernos de acuerdo con el gobierno de Perú”, manifestó a la agencia Andina.

El Ministerio del Ambiente (Minam) ha estimado en 200 millones de dólares el impacto medioambiental que generaría la puesta en marcha de la central hidroeléctrica de Inambari, cuya concesión temporal ha sido otorgada a Electrobras.

Por ello, de ponerse en marcha este proyecto, la empresa realizará un pago anual para compensar al país por la destrucción de los bosques, recursos que se destinarán a un fondo para la reforestación y conservación de áreas naturales protegidas.

Zaidan indicó que la empresa está contemplando una serie de programas ambientales para preservar las áreas de bosques que serían afectadas por el desarrollo de la central.

Electrobras espera concluir en octubre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de dicha central y que el mismo se apruebe en el primer semestre del 2010.

Dijo que han desarrollado esta misma experiencia en Brasil con resultados favorables, por lo que consideran que en la central de Inambari se podrán replicar los mismos resultados.

“Tenemos que llegar a una adecuación financiera que establezca las compensaciones a pagar y que sea beneficioso para ambas partes, hay toda la disposición de Electrobas para que este proyecto se desarrolle con estricto respeto al medioambiente”, aseguró.

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2009

La otra Amazonía

Por: Jaime de Althaus Guarderas

Hernando de Soto ha regresado a ocuparse del Perú, esta vez de las comunidades amazónicas. Su objetivo con esta megainiciativa es similar al que tuvo con “El otro sendero” en los años 80, cuando la izquierda tenía la hegemonía intelectual: demostrar que hay un camino distinto y mucho más productivo para las comunidades amazónicas que el que propone el movimiento indígena detrás de Aidesep y algunas ONG, que centra su activismo en el reconocimiento del derecho a la consulta reconocido por la declaración 169 de la OIT y en el rechazo a inversiones capitalistas vistas como una amenaza, y que aboga eventualmente por una economía aislada del mercado. Y que aquel camino pasa por reclamar los mismos derechos de propiedad y empresa que tiene una compañía formal o una transnacional, en lugar de los títulos disminuidos e inútiles que tienen ahora, si los tienen. Es decir, derecho a la igualdad legal o fin del apartheid jurídico.

Pues de lo que se trataría no es de defenderse de la globalización, sino de aprovecharla para crecer y liberarse de la pobreza. Pasar de una actitud defensiva a una ofensiva. Lo que los pueblos amazónicos necesitan, más que solo ser consultados, es poder económico. Y eso lo conseguirían con derechos de propiedad efectivos que les permitan, por ejemplo, desarrollar empresas o corporaciones que participen directamente en la explotación de los recursos naturales o en otras actividades. Y si se tiene derechos de propiedad potentes, la consulta cae por su propio peso. Ya no sería consulta. Sería negociación.

Constata De Soto que las comunidades nativas no son arcadias comunales en las que todo es colectivo. De hecho, sus territorios están internamente parcelados, aunque los bosques puedan, sí, tener una apropiación colectiva. Pero el título que otorga el Estado no reconoce esas tenencias individuales y solo consiste en una demarcación colectiva que no otorga ningún instrumento económico efectivo.

Lo que se propondría, entonces, es una discusión con y al interior de las comunidades para establecer en qué consisten en la realidad los sistemas de tenencia y propiedad, y a partir de allí construir unos derechos que contengan todos los instrumentos de la propiedad de modo que puedan formar empresas y convocar capital. Pero eso tiene que hacerse para que la iniciativa no quede solo en el terreno ideológico.

Algo similar deberían hacer las comunidades andinas, en las que también hay distintos grados de tenencia privada de la tierra según la intensidad del aprovechamiento productivo. Las tierras agrícolas, por ejemplo, se heredan de padres a hijos. Son propiedad privada en los hechos. Pero prevalece en la Constitución y la ley el mito colectivo, que, en el fondo, no es otra cosa que un instrumento ideológico de la sociedad mayor para mantener a la población indígena en la marginación económica.

Confirman presencia de no contactados en lotes de hidrocarburos 88 y 103

Jueves, 10 de setiembre
CNR

Confirman presencia de no contactados en lotes de hidrocarburos 88 y 103 (Regresar)

Nunca han tenido contacto alguno con la sociedad urbana y existen en la cuenca del río Las Piedras, en Madre de Dios. Son comunidades que viven aislamiento voluntario y que se desplazan de un lugar a otro, en busca de alimento. Son unas 130 personas que habitan en pequeñas chozas por un promedio de tres días antes de trasladarse a otra área.

El Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Amazónicos y Afroperuano (Indepa), en una visita de campo al lugar, halló 38 chozas que habrían sido habitadas por unas 120 o 130 personas, la mayoría de ellas jóvenes y niños. Se identificó flechas que usaron para la caza y restos óseos de tortugas y sachavacas que los comuneros consumieron, y vegetales como el achiote y la chapaja.

El presidente ejecutivo del Indepa, Mayta Capac Alatrista Herrera, informó que esta etnia fue identificada dentro de la reserva de Madre de Dios, y como tal el Estado garantiza su intangibilidad. Precisó que luego de la visita a esta zona harán un monitoreo permanente que evite un riesgo de contaminación por la actividad minera del lugar. “Está el lote 103, que es de una petrolera, pero se ha llegado a acuerdos para que la empresa no intervenga en la zona de la reserva donde habitan estos pueblos”.

Precisó que en una zona cercana a esta reserva existen otros pueblos no contactados, que habitan en los linderos de los lotes del gas de Camisea. Ahí, dijo a CNR, han implementado un plan de contingencia, que establece que la explotación del gas se haga en un área de plataforma, donde sólo puede ingresar personal autorizado. “Nadie puede ingresar por vía fluvial sino a través de un helicóptero y hay estándares internacionales que regulan estas actividades”, anotó.

“La comunidad de Monte Salvado es la única en la cuenca, y a unos 5 kilómetros río arriba identificamos las 38 chozas”, informó el antropólogo Juan Américo Baca.

Por su parte, Hildebrando Ruffner, especialista de Indepa, explicó que el principal riesgo que existe para estas comunidades aisladas es contagio de enfermedades ante un eventual contacto con otros grupos, que no tienen las mismas propiedades inmunológicas.

Otro riesgo es que las comunidades habitan áreas donde hay minería informal, tala de bosques y caza en exceso, lo que representa un factor vulnerable para estos pueblos porque su principal recurso de vida es la pesca y la caza.

Por ello, explicó que han elaborado un plan de contingencia, que aún está en pendiente de implementación, y debe comprometer a todos los actores para evitar una muerte masiva. “Las políticas y las competencias están dadas y tanto las ONGs como los gobiernos locales y regionales y todos los sectores del Estado se comprometan en la protección para implementar estrategias concretas”.

Sin embargo, advirtió que ante el crecimiento poblacional, a estas comunidades no les queda mucho tiempo de vida. “Tienen dos caminos: incluirse o desaparecer. Y para garantizar que se incluyan deben cumplirse las recomendaciones del plan de contingencia”, sentenció.

El doctor Ruffner recordó, al respecto, un informe elaborado por Antonio Brack —antes de ser ministro del Ambiente— que da cuenta de la desaparición en los últimos 200 años de once pueblos con las mismas características que éste.

Τρίτη 25 Αυγούστου 2009

Ministros de varios sectores hablarán con amazónicos

En una nueva sesión de las mesas de diálogo que sostiene el Ejecutivo con las comunidades indígenas, realizada ayer, se acordó que esta semana se publicará una resolución suprema que garantizará la ampliación de funciones y representantes del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos que agrupa a estas reuniones. En ella se especificará la participación de la mayoría de ministros, aseguró a este Diario Salomón Awanash, vocero oficial de la Asociación Interétnica del Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
En la cita, que tiene como fecha tentativa este viernes, estarán el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, además de los jefes de los despachos de Agricultura, Justicia, del Ambiente, Salud y Educación. Velásquez agregó un día antes que la ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, también formará parte de las reuniones.
Además, Awanash resaltó que el Ejecutivo, representado en esta reunión por Eduardo Perochena del Ministerio de Agricultura, ha asegurado que se considerarán las actas firmadas en San Ramón y Santa María de Nieva. En estas se incluyen la indemnización a los familiares de los nativos fallecidos, el reconocimiento de los gastos a los heridos, la modificación de los decretos que atentan contra sus derechos, entre otros pedidos. “Estas promesas han sido comunicadas a las bases nativas y están esperando que haya un pronunciamiento dentro del plazo de diez días que se ha adoptado. De lo contrario nos volveremos a reunir y reanudaremos las protestas”, agregó el dirigente.
INVESTIGACIÓN EN ESPERA
En la reunión de ayer también se discutió la formación de la comisión que investigará los sucesos del 5 de junio en Bagua. Awanash dijo que se ha contabilizado a 13 desaparecidos tras estos luctuosos hechos. Confirmar esta cifra sería una de las funciones de esta comisión. Para ella están proponiendo a la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, como presidenta.
Awanash añadió que mañana se reunirán ocho presidentes regionales para discutir sus propuestas con los nativos con respecto al tema forestal. El Comercio trató de conversar con el Ministerio de Agricultura sobre estos acuerdos pactados, pero se excusaron de prestar declaraciones.
PRECISIONES
Los pedidos de los apus en ImazaDetener persecuciónExigen que se detenga la persecución de los dirigentes asilados en Nicaragua y se liberen a los 13 detenidos en el penal de Huancas en Chachapoyas. También indican que el único portavoz de los pueblos indígenas es Aidesep.
Apoyo a fiscal
Respaldan a Luz Rojas, actual fiscal en Chachapoyas, y apoyan su denuncia contra los dos generales y 17 oficiales de la policía por los sucesos ocurridos en Bagua el pasado 5 de junio. Piden también el retiro de las compañías mineras de la provincia de Condorcanqui.

Τρίτη 28 Ιουλίου 2009

PLAN PARA LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CAUTELARES A FAVOR DE LOS PUEBLOS TAROMENANI Y TAGAERI

A inicios de julio del 2007 la Procuraduría solicitó a los peticionarios de medidas cautelares que elaboren un plan de implementación de estas medidas. Ante este pedido se contactó con distintos miembros de la sociedad civil entre los que se hallan varios waorani. Resultado de esto es el plan que se halla a continuación y que se desarrolló en cooperación con distintas personas y organizaciones que se mencionan en el texto. Natalia Bonilla de Acción Ecológica hizo una contribución muy importante al prestarse voluntariamente para recopilar una serie de comentarios que sirvieron para el texto final que se halla a continuación.
23 de julio del 2007
1. El 10 de mayo del 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los pueblos Taromenani y Tagaeri (proceso de medidas cautelares número MC-91-06). Esto se hizo de manera casi inmediata a una petición para que se declare la violación de los derechos de estos pueblos indígenas y se otorguen medidas cautelares con el fin de protegerlos. Hasta el momento existen indicios de que desde esa fecha se han producido 4 muertes violentas. Tres personas asesinadas serían taromenani y una tagaeri. Así también existe evidencia abrumadora de que la tala ilegal –considerada hasta el momento el peligro más grande para los taromenani- persiste dentro de su territorio sin ninguna intervención planificada y eficaz del Estado Ecuatoriano. Por esta razón además se han solicitado a la CIDH medidas provisionales.
2. Otros elementos como la posibilidad de un peligroso intento de contacto en el Perú –motivado por intereses petroleros- en el cuál estaría involucrada la empresa Barret, las actividades de Andes Petroleum y Repsol YPF al sur del río Tiputini, los intentos de Petrobrás por ingresar al Bloque 31 y la posibilidad de que se explote el Bloque ITT constituyen riesgos adicionales para los taromenani, tagaeri y otros pueblos ocultos que habitan en el área.
3. Aunque en enero del 2007 se concluyó un proceso de limitación del área denominada “Zona Intangible”(ZI) –lo que constituye en la práctica el único proceso que el Estado ha llevado adelante en respuesta a la CIDH- persisten diferentes riesgos por varias razones: 1. La ZI no comprende todo el territorio de los pueblos Taromenani y Tagaeri. Ellos habitan dentro y fuera de la ZI hacia el norte y oriente de ésta y quizá incluso hacia el occidente 2. Persisten riesgos de enfrentamientos violentos ya que no se ha implementado ningún mecanismo de control de ingreso a la ZI mucho menos de erradicación de la tala ilegal 3. Los habitantes del área, especialmente los Waorani, no conocen o conocen muy poco sobre mecanismos apropiados de manejo de riesgos (violencia y transmisión de enfermedades). 4. No existe un plan de contingencias ni financiamiento para ninguna actividad que implique protección para los taromenani o tagaeri. 5. Existen riesgos en el Perú que no están siendo considerados y ante los cuáles es necesaria una acción a nivel internacional. 6. No existen políticas de seguimiento a los programas que se han implementado para los Waorani 7. La industria petrolera no se halla en condiciones de manejar situaciones de riesgo ni ha implementado planes apropiados para la realidad (como, por ejemplo, considerar la política nacional propuesta por el Presidente Correa y diseñada por el Ministro de Energía sobre intangibilidad del territorio de estos pueblos). 8. El Ministerio de Ambiente, cuya ministra es, supuestamente, coordinadora del proceso de implementación de la política para los pueblos en aislamiento no parece interesada y/o capacitada para llevar adelante el proceso.
4. Por pedido hecho por el Doctor Eric Roberts, a nombre de la Procuraduría, el lunes 9 de mayo del 2007, se presenta a continuación un plan para implementación de las medidas cautelares. Las propuestas que se hallan a continuación se han discutido con diferentes miembros de la sociedad civil a quienes se recomienda contactar de manera permanente con el fin de corregir deficiencias y buscar soluciones a problemas que se puedan presentar: Juan Guevara (Finding Species), Fernando Ponce (Ciudadanos por la Democracia), Matt Finer (Save America´s Forests), Verónica Quitiguiña (Finding Species), Jaro Fernando Vaca (Jungle Tours/Ecolodge Shiripuno), Eugenia Nieto (Jungle Tours), Nathalia Bonilla (Acción Ecológica), Milagros Aguirre (periodista independiente), José Proaño (Acción Ecológica), Raúl Moscoso (Ciudadanos por la Democracia), Patricio Asimbaya (Finding Species), Alonso Jaramillo (Ministerio de Ambiente), Juan Martínez (Ministro Coordinador), Sebastián Albuja (independiente), David Ahua (Presidente de la NAWE), Huane Manuel Cahuiya (Presidente de la comunidad de Ñoneno), Miipo Mario Cahuiya (vicepresidente de la comunidad de Ñoneno), Moi Enomenga (líder de la comunidad de Quehueriono), Luis Ahua (miembro de la NAWE), Alicia Cahuiya (hija de Huane Cahuiya).
5. Este plan no necesariamente implica consenso absoluto entre todas las personas mencionadas. Tampoco significa que las bases representadas por algunas de estas personas hayan sido consultadas. Sin embargo sí se ha intentado que refleje en la mejor medida los puntos de vista de aquellos mencionados en el párrafo anterior y debe considerarse susceptible de cambio y modificación según los planteamientos que hagan (estas y otras personas) y se considere razonable tomar en cuenta con el fin de proteger a los pueblos Tagaeri y Taromenani. Más aún, se intenta que este documento sirva como una guía para que el gobierno nacional consulte en su conjunto o por separado (según manden las circunstancias) con los distintos involucrados en el tema de la tala ilegal y para que se implemente un control de ésta y otros riesgos que enfrentan los taromenani y los tagaeri.
6. Existen también otras personas que pensamos deben ser considerados en el proceso de implementación de este plan: Las comunidades y líderes de Ñoneno, Pindo, Tigüino (con sus líderes Ike y Babe), Boamano (con su líder Otovo) y Bameno (con su líder Penti), y otros líderes de la NAWE y AMWAE (por ejemplo su presidenta Manuela Ima), representantes de la CONAIE (por ejemplo Efrén Calapucha), y otros miembros de la sociedad como los padres capuchinos con su misión en Coca, WCS, Ecociencia (especialmente Eduardo Pichilingue), Paulina Palacios, Alfredo Cuesta, Carl Ross (de Save America´s Forests), Friedman Koestner (PUCE), David Romo (USFQ), Brian Keane (de Land is Life), Lourdes Tibán (CODENPE), entre otras personas que consideramos se hallan interesadas en el tema o tienen conocimientos y/o capacidades especiales para contribuir efectivamente a una solución. Si existen personas involucradas en el tema cuyo nombre no se halla en esta lista recomendamos incluirlas conforme la necesidad y se exprese el interés. Se están realizando gestiones para progresar en los contacto con distintas comunidades, así que es importante que la Procuraduría actúe con esto de manera coordinada con los peticionarios.
7. A continuación se describen la situación y el plan que hasta el momento se ha podido preparar. Dentro de esta propuesta de solución integral se incluyen las opiniones de las personas mencionadas en el punto 4.
8. Es necesario que se de una solución emergente a los principales riesgos y otra a largo plazo. En las discusiones posteriores que se den sobre el tema se recomienda incorporar a la NAWE y la CONAIE.
9. El espacio o territorio realmente ocupado por los pueblos aislados (PA) también llamados pueblos ocultos (PO), pueblos sin contacto, pueblos en aislamiento voluntario (PAV) o pueblos indígenas en aislamiento voluntaria (PIAV) debe ser considerado cuidadosamente. Hay que pensar en la movilidad real de los PA y las medidas de protección para éstos deben ir mucho más allá de la Zona Intangible limitada en enero del 2007. Es vital considerar la situación en los bloques petroleros 31, 18, 17, 16 e ITT (o 43). Los PA se movilizan en el área entre los ríos Tiputini y Curaray y el Perú. Por lo tanto se debe monitorear la solución, identificar problemas y diseñar soluciones para toda esta región. Se sugiere por ello que la Zona Intangible se extienda hasta el río Tiputini. Por supuesto en todo este proceso es importante respetar también los derechos y necesidades de distintas comunidades waorani que también habitan el territorio.
10. El plan integral que se propone aquí muy probablemente tendrá impactos o riesgos culturales (como la creación de dependencia económica, mal manejo de dinero, creación de nuevas necesidades que llevarían a la explotación de recursos naturales…). Es necesario tomar en cuenta este hecho para tomar medidas que minimicen este impacto y evitar que se repitan situaciones observadas con el Protectorado primero y la industria petrolera más tarde.
11. El financiamiento de un plan de control de riesgos para los taromenani, tagaeri y otros pueblos en condiciones similares de aislamiento requiere fondos garantizados más allá del gobierno actual. Una propuesta que se ha hecho es la intervención del FAN con el manejo de un fideicomiso. Sin embargo tal idea la critican diferentes personas. En este contexto no parece apropiada una comisión independiente para el manejo de fondos. Los fondos deben venir del Estado para implementar medidas y proyectos concretos. Quizá un mecanismo apropiado es aquel diseñado para el manejo de los fondos que se recolectarán de la compra de petróleo represado en el Bloque ITT o que directamente se use una fracción de esos fondos para los PA. Es vital en todo caso, que el flujo de financiamiento para este proceso no se halle en riesgo por cambios de gobierno o situaciones de limitaciones en el prepuesto debidas a crisis económicas u otras circunstancias y que se actúe inmediatamente para establecer un mecanismo de financiamiento.
12. Es importante que se creen mecanismos de penalización no solo para quienes ingresan al territorio de los taromenani y tagaeri y ponen en peligro sus vidas. Es necesario un proceso de castigo contra las autoridades que incumplan con la implementación de medidas de protección. En esto una reglamentación apropiada debe ser preparada y modificada con flexibilidad y agilidad según lo dicten las circunstancias. Igualmente es importante que se divulgue el conocimiento sobre los tagaeri y los taromenani. Así, por ejemplo, es necesario que sobre esto se trate con las comunidades quichuas del Curaray.
13. Para los mecanismos de control formal, la transferencia de competencias podría permitir la utilización de funcionarios del municipio y consejo provincial en los puntos de control. También la policía ambiental, se ha sugerido, podría participar en el proceso. Otra entidad que debería ser tomada en cuenta es el Ministerio de Turismo. También es necesario el involucramiento de miembros de la sociedad civil. Quizá un mecanismo apropiado es una Comisión Veedora y/o un sistema de vigilancia con voluntarios que vengan de una ONG.
14. Es necesario además que el Ministerio del Ambiente prohíba totalmente la comercialización de cedro y caoba por 20 años. En este contexto será importante un inventario de las plantaciones de cedro y caoba (que posiblemente servirá para confirmar que no existen bosques donde estas especies se siembran). También dentro del proceso de crear el marco legal apropiado, podría servir promover que el cedro pase al apéndice II de CITES.
PROBLEMA DE TALA Y TRÁFICO ILEGAL DE CEDRO, CAOBA Y OTRAS ESPECIES POSIBLES.
Medidas urgentes
15. Este es el problema que requiere una solución más urgente y las medidas más inmediatas que consideramos necesarias son el establecimiento de puestos de control en la Vía Auca junto con la creación de trabajos alternativos como guarda parques para waos involucrados en la tala ilegal y otros waos también interesados en trabajar como guarda parques. Al mismo tiempo se deberá anunciar un plan integral de generación de empleos para los waos (que se describe más adelante). Los puestos de control en la Vía Auca deberán utilizar miembros de la Policía Ambiental o militares. En general la idea de involucrar a la Policía Ambiental es la que mayor aceptación tuvo. Para ello el Ministro Juan Martínez sugirió que se realicen contactos con la Coronela Carranza. Los waos por otra parte tendrán sus puestos de trabajo en sus comunidades, alejados de la Vía Auca y sin contacto con militares o policías. Aunque sí se establecerán mecanismos de coordinación. Es importante tener muy claro que el control de la tala ilegal debe hacerse sin militarización del área y con un cuidado especial para evitar conflictos entre la fuerza pública y comunidades waorani u otros grupos de personas. Sí se hacen necesarios arrestos éstos se deberán hacer con especial cuidado del cumplimiento del debido procesos. Además se sugiere la participación, en tales casos, de observadores de grupos de derechos humanos.
16. Los puestos en la Vía Auca deberán ir en los siguientes lugares: 1. Junto al puente sobre el río Napo2. En la Y de la vía a Tigüino3. Junto al puente que pasa sobre el río Tiputini en Pindo4. Junto al puente sobre el río Shiripuno 5. Tigüino. 17. Además se deberá dar atención permanente a la situación con el fin de detectar nuevas vías de escape de la madera y realizar cambios en los procedimientos. Para definir el lugar exacto y mecanismos de funcionamiento será necesario que se hagan uno o más viajes al lugar con expertos, miembros de la sociedad civil y los peticionarios.
18. Se sugiere además colocar puestos de vigilancia y control en: Nuevo Rocafuerte,
19. El control junto al río Napo se sugiere establecerlo el 2 de agosto. No nos parece necesario ningún tipo de negociación para establecerlo en este lugar. Sin embargo se deberá estar atento ante quejas que se puedan presentar. En este puesto se deberá controlar cuidadosamente el paso de todo camión con madera. Aquí miembros de la fuerza pública (militares o policías ambientales) serán guiados por personal del Parque Yasuní para aprender a distinguir la madera de cedro y caoba. Siempre que esta madera se halle siendo transportada en el área será decomisada y destruida inmediatamente con motosierras (se harán pedazos de 30 cm de largo que se apilarán en un lugar cercano, vigilado donde se dejará que el material sea descompuesto y retorne a la naturaleza).
20. En ningún caso se deberá tolerar el traslado de madera de caoba o cedro. O sea, siempre que esta madera sea detectada lo más apropiado parece ser su destrucción inmediata aún si quien la transporta muestra papeles con autorizaciones.
21. Para otros tipos de madera deberá existir un mecanismo expedito de entrega de guías/permisos que sólo los daría el Ministerio de Ambiente luego de inspecciones en lugares donde se pretenda hacer la tala (que sólo podrán ser fincas fuera del Parque Nacional Yasuní o la Zona Intangible). El Ministerio para ello dispondrá del personal necesario y mecanismos de movilización para realizar inspecciones en menos de 24 horas de solicitadas y proveer guías inmediatamente después de hecha la inspección. Con el fin de evitar actos de corrupción, los miembros de la fuerza pública en ningún caso deberían proveer algún tipo de autorización para circulación de madera. Es necesario un proceso ágil con el fin de evitar incentivos para el conflicto, la extorsión y el soborno.
22. Sobre esto la consulta permanente con el Sr. Alonso Jaramillo (MAE) es necesaria para modificar procedimientos con la intervención de los peticionarios u otros delegados de la sociedad civil. Se sugiere buscar apoyo del Proyecto Bosques (Jon Arruti) con el fin de obtener consejos para elaborar un sistema eficiente de licencias y permisos de explotación forestal (fuera del Parque Yasuní y la Zona Intangible) y en general para mejorar el diseño del proceso.También se considera valioso que se recoja la experiencia de los guarda parques del Parque Yasuní y contar con su participación y personal de soporte.
23. Es importante que se designe inmediatamente una autoridad estatal que de seguimiento al caso, con la participación de la sociedad civil. Esta autoridad estará a cargo de recibir información sobre avistamientos, encuentros de personas de PA con miembros de compañías petroleras, madereros, turistas, otros pueblos indígenas, entrada de madereros u otros hechos violentos vinculados. Además deberá controlar que los operativos de control estén funcionando, identificar procesos que deben ser modificados, controlar que los guarda parques waos estén recibiendo su remuneración y evaluar el impacto de otras actividades orientas a generar ingresos alternativos.
24. El control junto al río Napo deberá contar en tres meses con un local donde los vehículos puedan detenerse para inspección sin estorbar en la Vía Auca mientras son revisados. Este puesto incluirá cámaras de video en el lugar de inspección, sobre la Vía y en el depósito de madera cortada. Se sugiere construir un hangar grande, donde se revise cada camión, se registre la placa y la guía de circulación y que el MAE entregue un informe mensual de las guías que se han emitido y se comparen las guías. Todo vehículo con madera deberá pasar a inspección en este puesto de control. El resto de vehículos deberán detenerse unos pocos segundos para que el personal apropiado determine si es necesaria una inspección más exhaustiva.
25. Junto con el establecimiento de este puesto una ordenanza (del Municipio de Puerto Francisco de Orellana) que: 1. Prohíba la circulación de madera por la noche (una ordenanza donde se prohíba la circulación de madera de 6:00 pm a 6:00 am.) 2. Ordene la circulación de madera destapada durante el día se considera una medida apropiada para reforzar el control. Además se recomienda implementarla al mismo tiempo que se ponga a funcionar el puesto de control junto al río Napo el 2 de agosto.
26. El control en la Y de la vía a Tigüino, a pocos kilómetros del puente sobre el Coca, también se establecerá el 2 de agosto y funcionará de manera similar a aquel junto al río Napo. Aquí a los vehículos sospechosos se les ordenará avanzar hasta el local junto al río Napo para una inspección más minuciosa. Aquellos con madera de cedro o caoba serán escoltados para garantizar que la madera decomisada llega a la zona del Napo donde deberá ser destruida de inmediato. Una cámara de video para controlar si la madera se está desviando hacia el occidente (en lugar de avanzar hacia el puente al norte) se debe considerar. Es necesario establecer este control porque podría constituirse en una vía de escape por el río Napo hacia el occidente de la Vía Auca.
27. Los controles en Pindo y Shiripuno también incluirán personal preparado para identificar la madera, controlar guías y destruir la madera de cedro y caoba o cualquier otra madera que salga de los ríos Tiputini o Shiripuno. Estos puestos se colocarán el 1ero de septiembre. Para ello como condición previa se deberá negociar con las comunidades waorani de Pindo y Ñoneno sobre procedimientos que incluirán la creación de puestos de guarda parques simultánea (el 1ero de septiembre se pagarán también los primeros sueldos). El puesto junto al río Shiripuno deberá hacer un control de la situación tres veces al día (8:00 am, 12:00 pm, 4:00 pm) en otros ingreso junto al Shiripuno que se halla a corta distancia hacia el norte en la estación Cononaco de Petroecuador y se demoniza Pozo 8.
28. En la zona del río Shiripuno ya existe un control donde Huane Cahuiya cobra $20 a cada turista para que pueda circular hacia un complejo turístico en la zona. En este lugar será necesario establecer controles para el ingreso de motosierras, mulas, armas y barcas. Aquí se haría un registro de todas las personas interesadas en circular por la zona que podría estar a cargo del Ministerio de Turismo. Cerca de Ñoneno se halla una operadora turística con la que además se coordinará para mantener un flujo constante de información sobre la situación
29. La negociación con los líderes de Pindo, Ñoneno, Tigüino, Boamano y Bameno posiblemente se hará en una Asamblea General en Coca entre el 5 y 7 de agosto del 2007 con estas cinco comunidades waorani, representantes de la NAWE y representantes de otras comunidades. Todo proceso previo de conversación es útil para facilitar el trabajo final en la Asamblea. En esto podrán colaborar miembros de la sociedad civil que estarán dispuestos a trabajar en coordinación con la Procuraduría. Abajo se describe en forma detallada una propuesta de lo que se negociará específicamente. Si durante la negociación se presentan nuevos elementos será necesario posponer la negociación de estos para otra ocasión (con fecha definida), si ello implica la posibilidad de riesgos para los taromenani y tagaeri o el desarrollo de relaciones cuestionables (por ejemplo dependencia). Lo que se hará con el fin de permitir a las partes considerar la situación y consultar con diferentes personas sobre qué es lo más apropiado o llevar adelante diálogos informales entre las partes.
30. Para esta Asamblea General es importante tomar en cuenta lo que parece ser una situación de división entre los waos. Quizá un papel clave del Estado aquí sería acercarse directamente a las comunidades mencionadas e invitarles a dicha reunión. Es necesario ser sumamente cuidadosos y dejar muy claro que todos, especialmente estas cinco comunidades (Pindo, Ñoneno, Tigüino/Bataburo, Boamano y Bameno), están siendo invitadas. Adicionalmente se debe contactar con la NAWE, en Puyo, para solicitar que ésta invite a todas las comunidades waorani a la Asamblea.
31. El control en el Pindo también se deberá negociar antes de su implementación. Para el caso de Tigüino se requiere cuidado especial ya que en esta zona los waorani habitan junto a la carretera. Aquí también es necesario un proceso de negociación para determinar dónde es aceptable poner el control. Se ha planteado que un control sobre el río podría ser más efectivo. Sin embargo también se debe considerar la posibilidad de que la cercanía del control a la comunidad waorani facilite la existencia de conflictos. Todas estas negociaciones por supuesto implican la creación de puestos de guardar parques waos (alternativas a los ingresos de la tala ilegal) y un plan integral que se describe más adelante.
32. Cuando se den errores en los procedimientos que afecten a personas inocentes (por ejemplo decomiso y destrucción de madera de “chuncho” que fue obtenida mediante mecanismos legales) el Estado deberá indemnizar a los afectados de manera inmediata.
33. Previo al establecimiento del control en el Shiripuno el 1ero de septiembre los madereros deberán ser informados de la ilegalidad de la situación. Se sugiere advertirles con dos semanas de anticipación que deben salir de la zona. Sin embargo en los puestos de control establecidos el 2 de agosto ya se podría anunciar también que la tala de cedro u otras especies debe detenerse en la zona del Shiripuno, Cononaco y Cuchillacu. Luego el 2 de septiembre se deberá hacer un operativo para sacar del lugar a todo maderero que pueda haber quedado en la zona, destruir la madera que se encuentre en los campamentos madereros, confiscar equipo para tala y perforar embarcaciones que claramente pertenezcan a taladores ilegales y se hallen cerca de la Vía Auca en el río Shiripuno. Este operativo deberá hacerse con la presencia de observadores de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil.
34. Junto con el operativo para detener el tráfico en la vía Auca, vigilar los ingresos y dar trabajos alternativos como guarda parques a waos en las cinco comunidades claves mencionadas en la Procuraduría deberá coordinar con la Fiscalía General de la Nación para que se designe un fiscal especial encargado de investigar y llevar adelante enjuiciamientos. Se sugiere iniciar con el arresto de los patrones madereros que se hallan Coca y luego seguir adelante con un proceso para dar con los cabecillas de la o las operaciones de tráfico ilegal de madera. La situación es sumamente delicada debido a la impunidad permanente con que se explota madera ilegalmente y se asesina. Por esta razón es sumamente importante que se den arrestos, si fuera posible a inicios de agosto junto con el inicio de operaciones del control junto al río Napo y la prohibición de movilización nocturna de madera. Existen varios patrones madereros, entre los que se halla Líder Bazurto, que podrían ser arrestados fácilmente si se dedicaran unas pocas horas a investigar la evidencia disponible en la Fiscalía de Orellana (entre otras fuentes).
35. Para el proceso de pago al nuevo guarda parques waos existen distintas sugerencias. Una es que el Ministerio del Ambiente (la oficina en Coca) se involucre en el proceso, otra que la gobernación se encargue de esta función. La oficina en Coca del Ministerio de Ambiente, en todo caso, debe ser fortalecida en su papel como vigilante del área y se deberán realizar gestiones para que exista una coordinación apropiada con la gobernación, otras oficinas del gobierno y miembros de la sociedad. Así también se deberán proveer los medios necesarios para que tal cosa ocurra con la oficina del MAE en Coca (que la dirige el Señor Alonso Jaramillo). Quizá un mecanismo de mutuo control es que el dinero que se asigne para el control de la tala ilegal salga de la gobernación y que los líderes de la NAWE y el encargado de la oficina en Coca acompañen al funcionario de la gobernación (en un papel vigilante). Para esto quizá se podría asignar un estipendio para que una vez al mes un representante de la NAWE realice este trabajo.
36. En conversaciones con líderes de Ñoneno se nos ha indicado que los mayores deberían recibir $800 mensuales y los menores $500 mensuales por el trabajo como guarda parques. Por ahora Huane Cahuiya tiene un contrato con Save America´s Forests que equivale a $300 con el fin de evitar la tala ilegal. En Ñoneno existen entre 5 y 7 mayores y al menos 14 jóvenes que podrían hallarse interesados en trabajar como guarda parques. Esto representa para Ñoneno un valor aproximado de $11000 mensuales por vigilar dentro de la zona de Ñoneno el paso de madereros ilegales. Es posible que figuras similares se den en las otras comunidades. En este proceso es importante definir las actividades específicas que se necesita hagan los guarda parques. Para ello se sugiere intercambiar ideas con la oficina del MAE en Orellana (el Señor Alonso Jaramillo). Aparentemente los waos tienen gran interés en el ecoturismo. Dentro de un plan de alternativas ésta parece una con mucho potencial especialmente para los más jóvenes. Por lo tanto no se debe pensar sólo en puestos de guarda parques como sistemas de ingresos alternativos. El ecoturismo también tiene potencial como una actividad, que bien regulada, puede evitar la actividad extractiva en la zona e incentivar el control de la tala y caza ilegal.
37. Por ahora se podría tener como primeros guarda parques, en proyectos pilotos, a Penti en Bameno, Otovo en Boanamo, Huane en Ñoneno, Ike, Moene y Babe en Tigüino, Dabo en Toveta, Humberto en Guiyero, Kantapari en Armadillo. Eco-Lodge en Shiripuno podría coordinar el control con Ñoneno. Quizá a esto debe seguir el nombramiento de cuatro guarda parques en cada una de las cinco comunidades conectadas con la Vía Auca y evaluar el impacto de la medida. Es necesario un proceso de control con el fin de evitar que quienes trabajen como guarda parques entren en conflicto con aquellos que quizá quieran seguir beneficiándose de la tala ilegal. Esto debe darse mediante puestos de control efectivos en la vía Auca, vigilancia de las autoridades del Parque, ágil modificación de procesos según la necesidad y diálogo con los miembros de cada comunidad. Eventualmente una medida adicional podría ser la creación de más puestos de guarda parques. Sin embargo más adelante se tratan otras alternativas. Además se debe dialogar con las comunidades con el fin de definir al menos un bosquejo de cronograma.
38. El proceso de control de riesgo para los taromenani debe incluir la prohibición de navegar en los ríos Chuchiyacu y Cononaco chico. La violación de esta normativa debe ser penalizada de manera proporcional a la falta y las sanciones establecidas divulgadas apropiadamente.
39. Se han realizado contactos con dirigentes waos y se ha señalado como fechas tentativas para una Asamblea Waorani los días 5, 6 y 7 de agosto del 2007. Es necesario el apoyo económico del gobierno para la realización de esta Asamblea que se realizaría en Coca (Puerto Francisco de Orellana). Se estima que costará aproximadamente $10000. El día 5 serviría para que lleguen los participantes, el 6 los waos discutirían internamente la situación y el 7 se reunirían con los representantes del gobierno. Uno de los objetivos de esta reunión es llegar a acuerdos específicos con los líderes locales cuyas comunidades se hallan involucradas y/o afectadas por la tala ilegal. Durante esta reunión el plan establecido en este documento sería discutido con los waorani con el fin de llegar a acuerdos muy específicos en la medida de lo posible. Lo que no se logre acordar se podría dejar para otra reunión en una fecha determinada.
40. Es responsabilidad del Estado un proceso de vigilancia permanente. Para ello se sugiere proveer el financiamiento y equipo necesario para que cada 8 semanas personal del MAE (autoridades en Coca) circulen por varios ríos, por una ruta estrictamente predefinida con el fin de evaluar la situación de extracción de la madera. En esta actividad el o los responsables del MAE deberán viajar acompañados de la protección apropiada y al menos un representante de la sociedad civil que podría hacer sugerencias sobre el proceso... Además se podrían establecer tramos específicos donde este grupo de control viaje acompañado de guarda parques waos. En este proceso se evitará entrar en zonas donde se tenga conocimiento o se sospeche se hallan presentes PA. El incumplimiento de esa norma debería ser sancionado con el despido.
41. Los PA también se hallan en peligro en el territorio peruano. Es importante que en forma inmediata se contacte con el gobierno del Perú al más alto nivel con el fin de buscar acuerdos binacionales orientados a la protección de los PA. Revisar los numerales 2 y 3. Si se persiste en contactar con los taromenani en el Perú se corre el peligro de que estas personas sufran infecciones graves y mortales.
42. Además de las cinco comunidades conectadas con la Vía Auca, existen otras donde también se sugiere establecer puestos de control con waorani (que se hallan en otras partes de la reserva): Armadillo, Guiyero, Timpoca, Onetaro, Nenquepare, Miwaguno, o quichuas (Llanchama, cerca de Nuevo Rocafuerte).
43. También la Vía que Petrobrás construyó entre el río Napo y el Tiputini parece estar sirviendo para el tráfico de madera. Un proceso de vigilancia en ésta y el cierre de ésta se deberían considerar. Existen estudios que sugieren que esa vía de 12 km no es necesaria para la explotación petrolera en el Bloque 31. Además, dentro del marco de las medidas cautelares esta actividad no es admisible dentro del Bloque 31 (ya que es territorio de tagaeri y taromenani donde se halla prohibido el ingreso a terceros).
Medidas a mediano plazo
44. Existen medidas que son necesarias y sobre las cuáles es necesario trabajar para mejorar el control de la situación continuamente. Primero será necesario un proceso de capacitación de waorani como guarda parques y sensibilización sobre la situación de los PA. Junto con esto es necesario un plan de implementación de becas y planes de formación para waorani: alfabetización con profesores bilingües o trilingües, formación de promotoras de salud, profesoras, guías de ecoturismo y turismo comunitario, artesanías, comunicación, mecánicos entre otros procesos posibles. Para esto se recomienda trabajar con ONGs que ya mantienen trabajo y proyectos en la zona (IBIS, FEPP, Sinchi Sacha) y buscar mercados internacionales para artesanías (por ejemplo con el apoyo de Save America´s Forests).
45. Un número equivalente a aproximadamente 80 familias, que representan 400 personas podría representar la necesidad de invertir $288 mil por año (si se asume que cada familia recibiría $300) en un sistema de guarda parques o alguna otra alternativa. Una planificación y monitoreos cuidadosos son necesarios con el fin de evitar impactos negativos como la creación de otro sistema de dependencia o la creación –con un flujo inusual de dinero- de incentivos para el alcoholismo, la violencia y propagación de enfermedades.
46. Dentro del Parque existen 12 comunidades que deberían ser involucradas en estos procesos. Entre estas comunidades 10 familias se hallan directamente involucradas y podrían tener entre sus miembros a guarda parques.
Soluciones a largo plazo
47. Para los madereros ilegales es necesario planificar trabajos alternativos. En esto se pueden incluir proyectos para fortalecer la soberanía alimentaria y otros para fortalecer la economía local.
PROBLEMAS CON LA INDUSTRIA PETROLERA
48. Dentro de las políticas a mediano o largo plazo, se requiere que se de seguimiento a los recursos que entregan las petroleras y que los programas de relaciones comunitarias estén auditados por el estado. La DINAPA trabaja en esto pero no se lo está haciendo desde el punto de vista de las necesidades o intereses de los pueblos Taromenani y Tagaeri. Además esta entidad tiene su oficina principal y personal mejor entrenado en Quito y para el caso que nos preocupa carecen de mecanismos apropiados de participación ciudadana. Dadas las dificultades especiales que presenta trabajar con pueblos aislados es necesario un proceso de vigilancia donde estén involucrados expertos de la sociedad civil y un funcionario del Estado a quien se encargue coordinar la implementación y diseño de las políticas sobre PA. Este funcionario tendría que, junto con el encargo del puesto, asumir el proceso como una responsabilidad o misión personal. Por lo tanto es vital la identificación de una persona con la visión y compromiso apropiados para las circunstancias y la capacidad de mando para que la fuerza pública involucrada actúe de manera inmediata conforme a la necesidad y órdenes dadas por este funcionario.
49. En cuanto al proceso de auditoría de las empresas petroleras, éste debería incluir vigilancia sobre políticas de las empresas y las relaciones que se establecen con las comunidades para que no se generen o acentúen las relaciones de dependencia que existen con la industria petrolera. Así también deberá existir un proceso sostenido para detectar estas situaciones e implementar procesos para que estas relaciones cambien sin mayores traumas para las comunidades. El control de relaciones de dependencia es importante porque constituyen relaciones corruptas donde se ha institucionalizado el soborno y la extorsión y que se repiten en las relaciones con los madereros. Esto permite el flujo de cuantiosas cantidades de dinero obtenido mediante negociaciones donde las partes abusan de su poder y generan procesos in sustentables. Antes de que este sistema de relaciones colapse con el fin de la era petrolera en el área es importante establecer mecanismos para impedir prácticas carentes de ética donde la vida humana tiene poca importancia y podrían poner en peligro, eventualmente, el desarrollo de soluciones a la tala ilegal mediante sistemas de ingresos que involucren el trabajo, el respeto al prójimo y el uso sustentable de recursos naturales.
50. El manejo de derrames constituye un problema especial ya que no se puede advertir a los PA sobre situaciones de riesgo. La presencia e Andes Petroleum en los bloques 14 y 17 y Respol-YPF en el Bloque 16 constituyen un riesgo para varias cuencas hidrográficas. Previa a la salida de estas empresas de la zona es necesaria que se diseñen procesos para reducción de riesgos y manejo de desastres.
NORMATIVA LEGAL NECESARIA
51. Es necesaria una ley diseñada para la protección de PA que incluya reglamentación y penalización. A continuación se exponen algunas ideas sobre lo que se necesita hacer.
52. No existe un organismo del Estado que tenga información detallada sobre ellos con datos concretos sobre su número y procedimientos necesarios para distintas circunstancias. Quizá el CODEMPE es la institución apropiada para la creación de un departamento dedicado al monitoreo de la aplicación de políticas de protección de los PA.
53. Este departamento debe exigir a las petroleras, ejercito, compañías de turismo, ong's y en general a todos los actores presentes en el área; que entreguen toda la información que tienen y el registro de todos los avistamientos, episodios violentos o pacíficos que se tengan, ubicación de casas, chacras. Esta información debe de ser manejada con reserva, pero al mismo tiempo estar en el poder de las personas idóneas para favorece su protección frente a presiones como las de la industria extractiva
54. Es necesario respetar la voluntad de permanece aislados de los PA tanto en cuanto esa sea su voluntad. Para ello se requiere prohibir comisiones científicas, de búsqueda, humanitaria, turismo, aventura religiosas, para evitar todo posible contacto. Deben existir planes de avistamiento con el fin de evitar el contacto o permitirlo con el mínimo de riegos si tal es la voluntad de los PA. Por ejemplo ante situaciones de contacto se requieren áreas libres de presiones externas o vectores de patógenos.
55. Es vital un plan de emergencia económica que permita acceso rápido a fondos cuando existan circunstancias especiales de riesgo
56. Se requieren penalizaciones al incumplimiento a las medidas de protección. Creación de reglamentación. Por ejemplo, reglamentación del turismo dentro de la zona de amortiguamiento del territorio Tagaeri/Taromenane.
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