Por: Jaime de Althaus Guarderas
Hernando de Soto ha regresado a ocuparse del Perú, esta vez de las comunidades amazónicas. Su objetivo con esta megainiciativa es similar al que tuvo con “El otro sendero” en los años 80, cuando la izquierda tenía la hegemonía intelectual: demostrar que hay un camino distinto y mucho más productivo para las comunidades amazónicas que el que propone el movimiento indígena detrás de Aidesep y algunas ONG, que centra su activismo en el reconocimiento del derecho a la consulta reconocido por la declaración 169 de la OIT y en el rechazo a inversiones capitalistas vistas como una amenaza, y que aboga eventualmente por una economía aislada del mercado. Y que aquel camino pasa por reclamar los mismos derechos de propiedad y empresa que tiene una compañía formal o una transnacional, en lugar de los títulos disminuidos e inútiles que tienen ahora, si los tienen. Es decir, derecho a la igualdad legal o fin del apartheid jurídico.
Pues de lo que se trataría no es de defenderse de la globalización, sino de aprovecharla para crecer y liberarse de la pobreza. Pasar de una actitud defensiva a una ofensiva. Lo que los pueblos amazónicos necesitan, más que solo ser consultados, es poder económico. Y eso lo conseguirían con derechos de propiedad efectivos que les permitan, por ejemplo, desarrollar empresas o corporaciones que participen directamente en la explotación de los recursos naturales o en otras actividades. Y si se tiene derechos de propiedad potentes, la consulta cae por su propio peso. Ya no sería consulta. Sería negociación.
Constata De Soto que las comunidades nativas no son arcadias comunales en las que todo es colectivo. De hecho, sus territorios están internamente parcelados, aunque los bosques puedan, sí, tener una apropiación colectiva. Pero el título que otorga el Estado no reconoce esas tenencias individuales y solo consiste en una demarcación colectiva que no otorga ningún instrumento económico efectivo.
Lo que se propondría, entonces, es una discusión con y al interior de las comunidades para establecer en qué consisten en la realidad los sistemas de tenencia y propiedad, y a partir de allí construir unos derechos que contengan todos los instrumentos de la propiedad de modo que puedan formar empresas y convocar capital. Pero eso tiene que hacerse para que la iniciativa no quede solo en el terreno ideológico.
Algo similar deberían hacer las comunidades andinas, en las que también hay distintos grados de tenencia privada de la tierra según la intensidad del aprovechamiento productivo. Las tierras agrícolas, por ejemplo, se heredan de padres a hijos. Son propiedad privada en los hechos. Pero prevalece en la Constitución y la ley el mito colectivo, que, en el fondo, no es otra cosa que un instrumento ideológico de la sociedad mayor para mantener a la población indígena en la marginación económica.
Hernando de Soto ha regresado a ocuparse del Perú, esta vez de las comunidades amazónicas. Su objetivo con esta megainiciativa es similar al que tuvo con “El otro sendero” en los años 80, cuando la izquierda tenía la hegemonía intelectual: demostrar que hay un camino distinto y mucho más productivo para las comunidades amazónicas que el que propone el movimiento indígena detrás de Aidesep y algunas ONG, que centra su activismo en el reconocimiento del derecho a la consulta reconocido por la declaración 169 de la OIT y en el rechazo a inversiones capitalistas vistas como una amenaza, y que aboga eventualmente por una economía aislada del mercado. Y que aquel camino pasa por reclamar los mismos derechos de propiedad y empresa que tiene una compañía formal o una transnacional, en lugar de los títulos disminuidos e inútiles que tienen ahora, si los tienen. Es decir, derecho a la igualdad legal o fin del apartheid jurídico.
Pues de lo que se trataría no es de defenderse de la globalización, sino de aprovecharla para crecer y liberarse de la pobreza. Pasar de una actitud defensiva a una ofensiva. Lo que los pueblos amazónicos necesitan, más que solo ser consultados, es poder económico. Y eso lo conseguirían con derechos de propiedad efectivos que les permitan, por ejemplo, desarrollar empresas o corporaciones que participen directamente en la explotación de los recursos naturales o en otras actividades. Y si se tiene derechos de propiedad potentes, la consulta cae por su propio peso. Ya no sería consulta. Sería negociación.
Constata De Soto que las comunidades nativas no son arcadias comunales en las que todo es colectivo. De hecho, sus territorios están internamente parcelados, aunque los bosques puedan, sí, tener una apropiación colectiva. Pero el título que otorga el Estado no reconoce esas tenencias individuales y solo consiste en una demarcación colectiva que no otorga ningún instrumento económico efectivo.
Lo que se propondría, entonces, es una discusión con y al interior de las comunidades para establecer en qué consisten en la realidad los sistemas de tenencia y propiedad, y a partir de allí construir unos derechos que contengan todos los instrumentos de la propiedad de modo que puedan formar empresas y convocar capital. Pero eso tiene que hacerse para que la iniciativa no quede solo en el terreno ideológico.
Algo similar deberían hacer las comunidades andinas, en las que también hay distintos grados de tenencia privada de la tierra según la intensidad del aprovechamiento productivo. Las tierras agrícolas, por ejemplo, se heredan de padres a hijos. Son propiedad privada en los hechos. Pero prevalece en la Constitución y la ley el mito colectivo, que, en el fondo, no es otra cosa que un instrumento ideológico de la sociedad mayor para mantener a la población indígena en la marginación económica.
